Este artículo tiene por objetivo analizar la posición política de la FOCh ante la presentación al Congreso Nacional del proyecto de Código del Trabajo a iniciativa de la Alianza Liberal.

Entre 1920 y 1922, la FOCh consideró la legislación social como un punto de apoyo para que los trabajadores negociaran sus demandas en mejores condiciones con la parte patronal. La central sindical, a través de sus “diputados federados”, intentó aprobar y despachar el proyecto de ley de Código del Trabajo, participando al interior de la Comisión Permanente de Legislación Social del Congreso. Sin embargo, la oposición y no concurrencia de los diputados oligárquicos al interior de la comisión bloqueó la discusión del proyecto de ley. El resultado fue la interrupción del debate legislativo y la renuncia de los diputados federados del organismo parlamentario.

La elección de Arturo Alessandri Palma como Presidente de la República de Chile en junio de 1920 constituyó un punto de inflexión en la noción jurídica de la relación entre el Estado y la sociedad, en particular, los “no propietarios” o trabajadores. El gobierno del “León de Tarapacá” (1920-1925) marcó el inicio de la transición del Estado liberal oligárquico o parlamentario a un Estado de bienestar social, el cual se consolidó tardíamente con el arribo del Frente Popular en 1938. Si bien los inicios de la transformación del pensamiento jurídico de la relación del Estado con los sectores populares se remontan a un periodo anterior al arribo de Alessandri1, consideramos que su gobierno aceleró el ritmo de dicha transformación.

El gobierno de la Alianza Liberal fue el resultado de un nuevo equilibrio de fuerzas de clase en Chile, impuesto por el proceso de protesta social abierto en 1918 con las “marchas del hambre”. A esto se agrega la irrupción de huelgas junto a un aumento del número de trabajadores involucrados en contratos colectivos entre 1919 y 1920 -de 16.128 a 30.2532- y las masacres de obreros en Puerto Natales y Magallanes ocurridas en dicho bienio3. Por último, la expansión de las organizaciones sindicales, siendo el hito más importante el III Congreso de la Federación Obrera de Chile (FOCh) en diciembre de 1919.

De este modo, a partir de 1920 se estableció un escenario favorable a la reforma social dirigida por los poderes del Estado. Uno de los aspectos más relevantes fue la presentación de proyectos de ley laboral al Congreso Nacional por parte de un sector de la oligarquía chilena. En pleno proceso convulsivo de las “marchas del hambre”, en junio de 1919, el senador del Partido Conservador Juan Enrique Concha presentó un proyecto de Código del Trabajo a la cámara alta. Por su parte, el gobierno de Alessandri, presentó un proyecto de legislación laboral a la cámara de diputados en junio de 1921.

Sin embargo, como se verá más abajo, escasa es la información que se tiene de la visión de la FOCh frente al proyecto de Código del Trabajo presentado por la coalición aliancista al Congreso Nacional a inicios del gobierno de Alessandri. Por ello, el problema historiográfico que queremos abordar es: ¿Cuál fue la posición política de la FOCh ante el debate parlamentario de la legislación social durante los primeros dos años de gobierno de Alessandri?

Este artículo sostiene que la postura política que adoptó la central sindical ante el proyecto de legislación social del gobierno fue de aceptación y exigencia para su pronta aprobación y promulgación. La llegada en marzo de 1921 al Congreso Nacional de nueve “diputados federados” llenó de esperanzas a la FOCh de que era posible presionar por la aprobación y promulgación del proyecto de Código del Trabajo del gobierno. Para cumplir este objetivo, algunos diputados federados -entre ellos Luis Emilio Recabarren- integraron la Comisión Permanente de Legislación Social de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la no concurrencia de los diputados oligárquicos al organismo parlamentario terminó por paralizar el debate legislativo y produjo la renuncia de los congresales federados.

Hemos escogido el trienio de 1920 a 1922 para reconstruir el inicio del debate al interior de la FOCh respecto al Código del Trabajo y las leyes laborales. Como hemos sostenido en otro artículo4, desde 1919 se aceleró el proceso histórico de institucionalización del conflicto laboral en Chile. En las huelgas, los trabajadores urbanos agrupados en Consejos Federales solicitaron a los poderes públicos el reconocimiento del derecho a constituir sindicatos y a negociar colectivamente con la parte patronal. Este proceso de movilizaciones sociales terminó con los golpes militares de 1924 y 1925 que presionaron al Congreso por la aprobación y promulgación de las leyes sociales que todavía se mantenían en trámite legislativo.

De este modo, la nueva situación política abierta a partir de 1920, favorable a las reformas sociales, indujo a la FOCh a asumir que el nuevo gobierno presionaría por la aprobación del proyecto de Código Laboral en el parlamento, el que presuntamente resolvería los problemas más acuciantes del mundo del trabajo5.

Para cumplir los objetivos planteados, recurrimos principalmente a la utilización de fuentes periodísticas y a algunos archivos pertenecientes a los poderes del Estado. Entre las primeras destaca la prensa de la FOCh a nivel nacional y la prensa oligárquica expresada principalmente en El Mercurio. Entre los últimos nos apoyamos en los documentos referentes a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara de Diputados y del Senado.

El Código del Trabajo fue promulgado mediante decreto con fuerza de ley por el dictador Carlos Ibáñez del Campo, dos meses antes de la caída de su gobierno, el 13 de mayo de 1931. Este código fue el resultado de la recopilación y ordenamiento de las leyes laborales aprobadas y promulgadas en septiembre de 1924 en adelante. Dicho marco legal permitió el establecimiento de un nuevo sistema moderno de relaciones laborales6 en Chile que reguló la relación entre el capital y el trabajo hasta el golpe militar de 1973.

Sin embargo, los artículos contenidos en el Código del Trabajo de 1931 -el cual estuvo sujeto a múltiples modificaciones hasta 1973- fueron extraídos de los proyectos de código laboral presentados al Congreso por los conservadores y liberales en 1919 y 1921, respectivamente7.

La coyuntura política de presentación y discusión de los proyectos de ley en el Congreso y su impacto en el movimiento de trabajadores ha recibido escasa atención por la historiografía. La corriente de historiadores marxistas chilenos del periodo 1948-1973 compartió el denominador común de haber centrado su análisis en la posterior aprobación de las leyes laborales en 19248. No obstante, podemos encontrar algunas alusiones a la presentación del proyecto de Código del Trabajo por la Alianza Liberal en 1921.

Luis Vitale realizó una breve referencia a la presentación del proyecto de Código del Trabajo por la Alianza Liberal en 1921, planteando las consecuencias negativas que tendría para la clase obrera. Este afirmó que “[a] través de esta legislación social, la fracción burguesa liderada por Alessandri intentaba someter la lucha de los trabajadores a una reglamentación impuesta por el Estado. Se trataba de crear una legislación que obligara a las organizaciones sindicales a institucionalizarse con el fin de establecer una discriminación entre huelgas “legales e ilegales”. Un objeto fundamental era provocar la atomización sindical, prohibiendo por medio de la nueva ley la existencia de Centrales Obreras y Federaciones a escala nacional”9. Lo afirmado por Vitale efectivamente ocurrió de manera silenciosa a partir de 1925 y se consolidó como tendencia desde 1931. Lo que no se conoce es qué opinión tuvieron los trabajadores organizados -y en particular la FOCh- respecto al proyecto de ley del gobierno de Alessandri en 1921. Por su parte, Jorge Barría dedicó algunas líneas de su obra sosteniendo que “[l]a dictación de un Código del Trabajo fue preocupación preferente del nuevo mandatario, proyecto que [Alessandri] presentó en los comienzos de 1921 y que tuvo la suerte de otras iniciativas obstruidas por los partidos políticos unionistas y propios aliados empeñados en el estéril juego del seudo parlamentarismo imperante”10.

Perteneciente a una escuela diametralmente opuesta a la marxista, en la década de 1960 el sociólogo norteamericano James Oliver Morris sostuvo que la FOCh tuvo una posición ambigua y oportunista frente a la aplicación de la legislación social de parte del gobierno de Alessandri. Según el autor, la central sindical no debatió ni se declaró en contra del proyecto del gobierno entre 1921 y 1922. Esto se explicaría por la falta de fe que tenían los trabajadores en el Congreso Nacional. En cambio, en 1925 terminó apoyando las leyes sociales11. No negamos la existencia de una escasa claridad política por parte de la FOCh ante el inesperado giro del Estado en su relación con la clase trabajadora urbana. Sin embargo, como se verá más adelante, durante el trienio de 1920-1922 se puede vislumbrar con clarividencia una inclinación política de discusión y aceptación del proyecto de Código del Trabajo del gobierno por parte de la central sindical.

La profundización del estudio acerca del impacto de la legislación laboral en el movimiento obrero organizado y su posición política al respecto se produjo a partir de la década de 1990.

Sergio Grez Toso, en dos artículos12, ha esclarecido los viejos dilemas historiográficos en torno a cuál fue la postura de los trabajadores frente la legislación social, haciendo particular énfasis en los mecanismos de conciliación y arbitraje. En ambos textos, el autor logró comprobar que desde el año 1900 los sectores más prominentes del movimiento obrero organizado estuvieron a favor de la demanda al Estado por legislación laboral. La organización sindical más proclive a dicha política fue la FOCh, sin contar otros gremios de obreros marítimos e industriales que estuvieron tempranamente a favor de mecanismos de arbitraje en la resolución de los conflictos con los patrones.

En la mayoría de las huelgas que registró el autor entre 1900 y 1924, los trabajadores exigieron rápidamente la intervención de los poderes del Estado como árbitro para dirimir el conflicto con los empresarios. Para Grez, esto se explica por la percepción que tuvo el sector mayoritario de los trabajadores en ver la intervención de las autoridades como una posible defensa de sus intereses13. Sin embargo, se puede percibir otro elemento que pone en cuestión esta tesis y permite explicar por qué la demanda de los trabajadores por la intervención de los poderes públicos. Esta se concibió como una herramienta jurídica o legal para que los trabajadores negociaran en mejores condiciones sus pliegos de peticiones con los empresarios.

En virtud de lo anterior, la obra de Juan Carlos Yáñez constituye una de las principales contribuciones al conocimiento de la legislación social en Chile de principios del siglo XX14. En lo que respecta a la posición de los trabajadores, Yáñez afirmó que aquellos agrupados en la FOCh estuvieron a favor de una legislación laboral. Sin embargo, el autor no entregó mayores detalles de por qué se apoyó el Código del Trabajo propuesto por el gobierno y cómo se dio el proceso de evaluación del mismo al interior de las filas federadas.

Desde mediados de la década de 1910, la negociación colectiva se transformó en una práctica recurrente del movimiento sindical15, como también las intervenciones de organismos del Estado para resolver los conflictos durante las huelgas16. Como demostramos en otro artículo17, que la FOCh exigiera la intervención del Estado en las huelgas, el reconocimiento legal de sus asociaciones o directamente un conjunto de leyes laborales, en primera instancia no significa que se subordinara a lo propuesto por el Estado aceptando la “pérdida de su autonomía”18. El gran dilema del movimiento obrero en general y de los trabajadores federados en particular, residió, en primer lugar, en si debía o no institucionalizarse una práctica que se había expandido masivamente en las industrias, fábricas y lugares de trabajo, sobre todo desde la coyuntura de 1918-1919. Al respecto, los trabajadores federados se preguntaron: ¿Fortalece o debilita a la organización sindical la institucionalización de la negociación colectiva? Y en segundo lugar, la disyuntiva radicó en si era posible desde los organismos federales proponer al poder legislativo sus propios proyectos de ley laboral para resolver las condiciones materiales de miseria que vivían los trabajadores. Frente a esto último, ¿cuál sería el contenido de las leyes sociales propuestas por los Consejos Federales? Por motivos de extensión, en este artículo me he centrado en intentar responder la primera pregunta. En cuanto a los proyectos laborales de la FOCh, estos constituyen materia de otro artículo.

En abril de 1920, Arturo Alessandri fue electo candidato presidencial por la Alianza Liberal19. Su contendor derrotado fue el senador liberal Eliodoro Yáñez20. Mientras se desarrollaba la huelga carbonífera en Lota21, el León de Tarapacá leyó un discurso de agradecimiento a la militancia aliancista que lo votó como candidato presidencial. En este se concentraron todas las propuestas del programa de gobierno de la Alianza Liberal22.

El programa contempló una serie de reformas sociales y democráticas que entraban en directo antagonismo con las bases fundamentales del Estado liberal oligárquico, vigente en Chile desde el término de la guerra civil de 1891. Las propuestas programáticas consistieron en: un plan de estabilización del valor de la moneda; reorganización del sistema tributario sobre la base del impuesto a la renta; protección y fomento de la industria nacional y de la marina mercante; instalación de un sistema de instrucción primaria obligatoria gratuita y laica y fomento de la educación técnica industrial; difusión de la cultura de la mujer y transformarla en un factor del progreso intelectual y moral de la Nación; protección a la infancia; eliminación del alcoholismo; separación definitiva de la Iglesia y el Estado; establecer la descentralización política y administrativa del país. En el punto IV, la Alianza Liberal defendió su programa de legislación social consistente en la creación de un Ministerio del Trabajo y Previsión Social y uno de Agricultura y Comercio. A su vez contempló:

Queda en evidencia que el programa aliancista contempló el establecimiento de un sistema moderno de relaciones laborales en Chile que regulara las formas de contratación de trabajo, mecanismos de conciliación y arbitraje para resolver el conflicto entre el capital y el trabajo, seguridad y previsión social a los trabajadores. De este modo, podemos afirmar que el programa de Alessandri era un intento por cooptar las demandas históricas que el movimiento obrero chileno había impulsado desde el 1900. Muestra fehaciente de esto es la especial atención que Alessandri tuvo sobre los obreros del salitre. El programa planteó la necesidad de suprimir el pago de salarios en fichas en las faenas del Norte Grande. Para conquistar el voto del minero, el candidato aliancista ya tenía camino recorrido al haber sido senador por Tarapacá desde 191524.

No obstante, el programa alessandrista contuvo una contradicción al contemplar el “correcto y eficaz fortalecimiento del régimen parlamentario, vigorizando al mismo tiempo la acción y la estabilidad del Ministerio”25. Esto se explica por el intento de superar el parlamentarismo en crisis con los menores costos políticos posibles. Aunque el programa impulsado por la Alianza Liberal constituyera un quiebre con los principios que sustentaba el régimen oligárquico, aquél fue impulsado por las corrientes de pensamiento social y crítico al interior de los mismos partidos del régimen26.

El programa de Alessandri combinó la tradicional lucha secularizante del siglo XIX con el programa de la reforma social propio del siglo XX. Era el indicador de la transición del Estado oligárquico excluyente al Estado interventor social. Como sostuvo Verónica Valdivia, la audacia de Alessandri residió en convencer a los trabajadores urbanos -en particular los obreros del salitre- de que una sociedad justa era posible dentro de los márgenes del régimen político existente27.

En junio de 1919, el año más álgido de las “marchas del hambre”, un sector del Partido Conservador, dirigido por el senador Juan Enrique Concha, envió a la cámara alta un proyecto de Código del Trabajo. En junio de 1921, el Presidente de la Oficina del Trabajo (OT), el abogado Moisés Poblete Troncoso envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley correspondiente a las filas de la Alianza Liberal28. El proyecto conservador contempló tres títulos: sobre mejoramiento de las condiciones de trabajo; sobre la formación de sindicatos industriales o de establecimientos; y sobre la conciliación y arbitraje de los conflictos29. Por su parte, el proyecto liberal consistió en más de 600 artículos agrupados en cuatro títulos: condiciones de trabajo; contratos individuales y colectivos; sindicatos; y mecanismos de conciliación y arbitraje30. La coalición gobernante fue audaz en aprehender una parte del proyecto conservador e integrarla al suyo.

Por su parte, el Estado inició un proceso de extensión de sus redes institucionales que buscaron regular la relación entre el capital y el trabajo. En 1921, en plena coyuntura de ofensiva patronal contra los sindicatos, se crearon cinco inspecciones regionales dependientes de la OT, correspondientes a Tarapacá, Valparaíso, Chillán, Concepción y Valdivia. Cada sección regional contó con seis secciones (Estadística, Accidentes de Trabajo, Inspección e Higiene del Trabajo, Bolsa del Trabajo, Correspondencia y Relaciones Internacionales), lo que aumentó el gasto del Estado al crear un nuevo aparato burocrático de funcionarios dedicados a dichas tareas31.

En marzo de 1921, Moisés Poblete Troncoso, a la sazón director de la OT y redactor del proyecto de Código del Trabajo, publicó un estudio de las asociaciones obreras en el Boletín de la OT. El conspicuo funcionario aliancista sostuvo que “se legisle sobre asociaciones y que se reconozca a los sindicatos obreros para imprimirles el rumbo conveniente”32.

En agosto, el nuevo gabinete de Alessandri dirigido por el militante radical Héctor Arancibia Laso, planteó dentro de sus promesas, garantizar el derecho de asociación de los trabajadores, exigiendo el pronto despacho del Código del Trabajo33.

Contrario a la legislación laboral, el diario oligárquico de Santiago, El Mercurio, publicó en su editorial un artículo titulado “Sindicatos Obligatorios”34, defendiendo la postura de que el proyecto del Código del Trabajo traería la “desorganización de la industria”. Esto porque contenía un apartado acerca de la formación de Sindicatos Industriales en cada empresa con más de 25 operarios, en el cual la afiliación de los obreros debía ser obligatoria. La FOCh denunció cómo El Mercurio mantenía su posición en contra del derecho de asociación obrera, aconsejando a los parlamentarios no discutir el artículo correspondiente a la organización sindical35. Sin embargo, la legislación social formaba parte de las nuevas ideas políticas que se habían desarrollado antes de la Primera Guerra Mundial, y que se potenciaron al término de esta.

En varias declaraciones, Alessandri dio cuenta de la matriz teórica del proyecto de Código del Trabajo. Este no había sido original del gobierno, sino que constituyó la síntesis de las conclusiones acordadas en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Washington (1919) y Génova (1920), adaptándolas a la realidad económica y social de Chile. Esto coincide con los estudios de Juan Carlos Yáñez, quien afirmó que los proyectos de Código Laboral, tanto Conservador como Liberal, eran expresión de un movimiento universal por una legislación internacional del trabajo36. No obstante la certeza de este juicio, a nosotros nos parece recalcar que este “movimiento universal” por una legislación laboral fue la respuesta estratégica de los Estados capitalistas, en particular las democracias occidentales, al fenómeno de la revolución rusa y la oleada revolucionaria que le siguió después. No es menor el hecho de que el primer principio votado en la primera conferencia de la OIT en 1919 fuese la jornada laboral de ocho horas diarias y 48 horas semanales, la demanda que exigieron los soviets de Petrogrado y Moscú, en febrero de 1917, y que se terminó transformando en una de las demandas motoras del proceso revolucionario socialista que derribó al zarismo.

Teniendo en cuenta la situación política nacional e internacional, el programa alessandrista contó con el apoyo del POS, cuyo Comité Ejecutivo Nacional declaró que “[e]n todo lo que signifique restablecer la prosperidad de la nación estaremos a vuestro lado [de Alessandri], pero siempre nos encontrareis a vuestra izquierda cuando en los momentos como los actuales que son de verdad para cumplir en las promesas que hicisteis medio año atrás, pretendáis pasaros al lado de vuestros enemigos de ayer y que para nosotros serán siempre los de hoy y de siempre”37.

En abril de 1921, la FOCh declaró que había “acordado iniciar un movimiento de opinión tendiente a obtener del gobierno el pronto despacho de la ley de presupuestos y de algunas leyes de carácter social urjentes (sic) (…)”38. La prensa federada afirmó que el gobierno prorrogaría el periodo de las sesiones del Congreso “a fin de que se despachen cuanto antes las leyes de carácter social cuya urjencia (sic) se impone en vista del absoluto malestar en que las clases trabajadoras se encuentran”39.

Los socialistas de la FOCh habían realizado un pacto electoral instrumental con la coalición alessandrista en las parlamentarias de marzo de 192140. Si bien no integraron la Alianza, colaboraron con los diputados demócratas denominados federados41 y con su ala sindical de izquierda dirigida por Juan Pradenas Muñoz42. Por esto es necesario hacer una breve aclaración respecto a los denominados diputados federados.

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1921, la FOCh presentó “candidaturas obreras” obteniendo nueve diputados43. Los diputados demócratas electos fueron Ramón de la Vega, por Quillota y Limache44; Luis Correa Ramírez, por Santiago; Juan Pradenas Muñoz, por Lautaro (concentración carbonífera de Lota)45, Manuel Navarrete, por Coelemu y Talcahuano46 y Juan Vargas Márquez, por Curanilahue47. Los diputados del PR fueron el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Santiago Labarca48, en representación de Santiago; y Domingo Durán49, por Temuco, Imperial y Llaima, quien reemplazó a Óscar Chanks como parte de la “bancada obrera” a fines de 192150.

Con nueve diputados federados en el Congreso, Cruz y Recabarren tuvieron mayor respaldo para apoyar el proyecto del Código del Trabajo presentado por Moisés Poblete. Al respecto, la prensa federada estableció que “(…) Los opositores del gobierno pretenden echar la responsabilidad de esta actitud [difundir propaganda revolucionaria] y sus consecuencias, a la Alianza liberal, en cuyas filas han figurado los dos diputados socialistas en todos los actos constitutivos del Congreso”51.

Según Sergio Grez, Recabarren declaró que los socialistas realizarían una labor de crítica y de fiscalización en el Congreso, conformando un ala de extrema izquierda del Parlamento junto a los demócratas y los diputados radicales Santiago Labarca y Domingo Durán. De este modo, la estrategia seguida por los socialistas chilenos combinó, por un lado, la tradicional estrategia socialista de la II Internacional de avanzar al socialismo conquistando posiciones en el Estado capitalista, y por otro lado, las alusiones a la revolución social y la destrucción del capitalismo52.

En abril de 1921, la Cámara de Diputados integró a algunos parlamentarios recientemente electos a la Comisión Permanente de Legislación Social53. Este organismo tuvo por objetivo realizar las enmiendas necesarias a los proyectos de ley laboral propuestos por los parlamentarios para luego despacharlos a la Cámara Baja y someterlos a votación.

Durante los primeros meses, la Comisión de Legislación Social fue integrada por diez diputados; tres federados y siete oligarcas. Los primeros correspondieron a Santiago Labarca (PR), por Santiago, Juan Pradenas Muñoz (PD), por Lautaro y Luis Emilio Recabarren (POS), por Antofagasta. Los últimos fueron Francisco Jorquera (PR), por Concepción, Rafael Torreblanca (PR), por Coelemu y Talcahuano, Tomás Ramírez Frías (Liberal “aliancista”), por Santiago, Jaime Larraín (Conservador), por Quillota y Valparaíso, José Ramón Herrera Lira (Conservador), por Santiago, Tito Vaspasiano Lisoni (Liberal Democrático “unionista”), por San Felipe, Putaendo y Los Andes, y Don Ismael Edwards Matte (Liberal “unionista”), por Santiago54.

El proyecto de Código del Trabajo constituyó la punta de lanza del programa de legislación social del nuevo gobierno. Acorde al programa de reforma social que Alessandri defendió en su campaña electoral de 1920, en enero de 1921 la Alianza Liberal presentó el proyecto de ley de Ministerio de Agricultura, Comercio, Trabajo y Previsión Social55.

Ante el anuncio, la Junta Provincial de Santiago de la FOCh, convocó a una reunión especial de los delegados provinciales para promover “un movimiento de protesta contra los poderes legislativos, por la falta de diligencia para despachar la ley de presupuestos y las diversas leyes obreras”56.

En julio de ese año, la Comisión de Legislación Social fue citada por el Presidente de la República para acelerar el estudio del proyecto de Código del Trabajo enviado por la Alianza Liberal. Recabarren propuso estudiar el Código y el proyecto de ley de Cámaras del Trabajo elaborado por la FOCh57 en conjunto. Por su parte, la FOCh del Norte Grande exigió a la Comisión Legislativa el pronto despacho de ambos proyectos de ley, necesarios para terminar con las calamidades que sufrían los obreros salitreros, “(…) pues sería una imprudencia reanudar los trabajos salitreros sin que ella esté vigente. Los obreros no deben volver más enganchados, sin salario mínimo y sin las garantías que las prácticas ha (sic) evidenciado que es absolutamente indispensable que se tengan58.

En agosto, los socialistas publicaron un artículo planteando la necesidad de crear un Ministerio del Trabajo, como una forma de resolver la cuestión social, pero cuya solución dependía del Congreso y de la actividad de sus comisiones legislativas (en las cuales tenían participación socialistas y demócratas de la FOCh). En el artículo se afirmó que,

Como se vio más arriba, la creación del Ministerio del Trabajo era parte del programa de la Alianza Liberal.

La FOCh sostuvo que el Estado debía completar su deficiente organización en lo que se refiere a “la parte social”. La violencia obrera era resultado de la indiferencia del gobierno por la despreocupación de su situación social. Se aludió al Estado como el “padre de familia” que debía resolver la parte económica. Si este abandonaba a sus “hijos”, estos tendrían que “buscarse la vida por sí mismos, arbitrando desde la mendicidad hasta el robo y defenderse por su propia cuenta”.

El comunicado de la central sindical fue dirigido al Parlamento y al Ministerio del Interior, solicitando el pronto despacho de la ley del Código del Trabajo para evitar los conflictos laborales. Para hacer efectiva la aplicación del Código, se solicitó la existencia de dos Comisiones Permanentes de trabajadores e industriales, integradas en el futuro Ministerio del Trabajo. De este modo, el ministro del ramo interpretaría las disposiciones de ambas partes, atendiendo a las necesidades de los querellantes en cada asunto. El comunicado terminó de la siguiente manera: “Concluimos reiterando la creación del Ministerio del Trabajo y el pronto despacho de su Código, en más de la normalización de la industria, de la armonía del Capital y el Trabajo y en el nombre de la Paz Social”60. El proyecto de Ministerio del Trabajo nunca se aprobó61.

En julio de 1921, el diputado federado Luis Correa Ramírez (PD) pasó a integrar la Comisión Permanente de Legislación Social de la Cámara Baja siendo elegido su Presidente62. Increíble pero cierto, la Comisión era dirigida por un diputado de la FOCh. La central sindical se llenó de esperanza. Al fin podría llevar adelante la aprobación no solo de la prometida legislación laboral propuesta por Alessandri, sino que también de sus proyectos de ley, incubados desde hace años en el programa político y social de la FOCh.

A pesar de las esperanzas fundadas en la situación política favorable a la reforma social, la maquinaria oligárquica propia del régimen parlamentario chileno no se hizo esperar.

En septiembre, Luis Correa Ramírez fue emplazado por el Presidente de la República para que terminara lo más prontamente posible el estudio del proyecto de Código del Trabajo que se estaba discutiendo en dicha Comisión y que había sido enviado por el gobierno al Congreso Nacional. Alessandri propuso a Ramírez que la Comisión sesionara en su despacho en la Casa de La Moneda. El mandatario afirmó que el Código contemplaba: el contrato individual y colectivo; las formas en que debía ser remunerado el trabajo; salarios mínimos; fijación de la participación en las utilidades para crear armonía de intereses entre el capital y el trabajo; limitación de la jornada laboral en las faenas; legislación sobre el trabajo infantil y de las mujeres; el reconocimiento de las asociaciones lícitas; el establecimiento de tribunales de conciliación y arbitraje, entre otros aspectos. Alessandri sostuvo que su llegada al gobierno había sido en nombre de estas ideas y principios63.

La misiva enviada por el Presidente de la República al diputado federado fue respondida por este y reproducida en El Mercurio. Correa Ramírez afirmó:

Sin embargo, la misma fuente señaló más adelante que la Comisión no se venía reuniendo por falta de quórum. La “falta de sesiones ha molestado al señor Correa Ramírez quien pretendió ayer [27 de septiembre de 1921] renunciar a su cargo, pero no insistió en sus propósitos en vista de las observaciones que le hicieran sus amigos y el propio Presidente de la República, con quien conferenció ayer”.

Al día siguiente, Ramírez se reunión con algunos miembros de la Comisión -Torreblanca, Escobar, Labarca, Herrera Lira, Edwards, Lisoni y Jorquera-para decidir si aceptarían la invitación de Su Excelencia. A la reunión asistió el Ministro del Interior, Héctor Arancibia Lazo y el Director de la OT, Moisés Poblete Troncoso, quien además fue redactor del proyecto de Código del Trabajo de la Alianza Liberal. La respuesta de la Comisión fue que la propuesta de Alessandri era improcedente y que continuarían con el despacho de los títulos pendientes. El próximo a discutir sería el de sindicatos obreros65.

Ante la ausencia de diputados aliancistas en la misma Comisión, la FOCh realizó una entrevista al Presidente de la República preguntándole su opinión acerca del tema. Alessandri reiteró que para acelerar el proceso de aprobación del proyecto de ley laboral, pediría al Presidente de la Comisión -Luis Correa Ramírez- que sesionara en su propia sala de despacho. La aprobación del Código se veía como urgente, ya que permitiría establecer la armonía entre el capital y el trabajo, reglamentando los derechos y deberes de los factores de la prosperidad económica66.

De este modo, por medio de la Secretaría General, la FOCh se hizo parte del llamado del Presidente a la Comisión para que esta aprobara el proyecto. Al día siguiente de la entrevista a “Su Excelencia”, Enrique Díaz Vera, Secretario General de la central sindical (período 1921-1922), y miembro de la JEF, emitió una carta a Luis Correa Ramírez. En el mensaje Díaz Vera afirmó tener “el mismo laudable deseo” que “S.E. el Presidente” de que el Código fuese aprobado a la brevedad posible, debido a que este había sido elevado por el gobierno a la deliberación del Congreso en mayo de ese año67. El objetivo de la carta, era posicionar la propuesta de la FOCh del proyecto de “Contrato de Socialización Industrial”68 en la Comisión, del cual Díaz Vera fue redactor, apoyándose en la petición de aprobación del proyecto del Código del Trabajo.

Con la exigencia de Alessandri de que la Comisión aprobara el proyecto (sin presionar al Congreso), el Presidente se mostró una vez más ante los obreros como un político diferenciado del parlamento oligárquico. Como afirmó el ex dirigente comunista Juan Chacón Corona, Alessandri le echaba la culpa a los ‘viejos del Senado’, de que no le dejaban gobernar69. La Alianza Liberal, coalición política del Presidente, había logrado solamente el 40% de los escaños en el Senado en 192170, por lo que Alessandri se “excusó”, declarando que los responsables de alargar el trámite legislativo para aprobar el proyecto eran los unionistas. Con estos argumentos, el León pudo actuar con mayores márgenes políticos de acción, ocultando su defensa de los intereses patronales y logrando contener a los trabajadores. Esto último fue facilitado por la política de la FOCh y la mayoría del movimiento sindical que vieron que el enemigo en aquella época se concentraba en el Congreso, expresión máxima de la organización oligárquica, y no el Presidente de la República. El problema no era el Estado en sí, sino el Poder Legislativo, corrompido por los oligarcas.

La inoperancia de la Comisión, debida al boicot que realizaron los diputados oligárquicos, produjo una reacción de los diputados federados que no formaban parte del organismo. El diputado Manuel Navarrete (PD) llamó la atención “hacia el hecho de que el Gobierno ha presentado un proyecto de Código del Trabajo; pero todavía no ha llegado a los debates de la Cámara”. Por su parte, Ismael Edwards Matte -liberal unionista- respondió que los títulos correspondientes a arbitraje y sindicatos se habían discutido en la Comisión. Al respecto, Navarrete insistió en prorrogar todo el mes de septiembre para que la Cámara de conjunto discutiera el Código del Trabajo. El diputado federado planteó una advertencia al gobierno afirmando que él “(…) y cuatro o cinco diputados demócratas71 no están dispuestos a seguir las aguas del Gobierno cuando éste se aparte de las aspiraciones populares (…)”. Los demócratas apoyarían al gobierno “siempre que proceda bien”72. No obstante lo anterior, durante esa misma semana, la Comisión de Legislación Social del Senado despachó el proyecto de ley de sindicato legal y conflictos colectivos correspondientes a la propuesta del Partido Conservador73.

El 30 de septiembre, Alessandri escribió una carta abierta al diputado Jaime Larraín, del ala “conchista” del Partido Conservador, exigiendo que la Comisión aprobara el proyecto. Alessandri rogó a Larraín que no insistiera en su renuncia a la Comisión ya que nadie como él “está capacitado para llevar la palabra, la cooperación y la representación de su partido en esta obra que yo reputo de salvación nacional”74.

El diputado Larraín respondió a Alessandri que su renuncia se debió a la estéril labor de la Comisión y solicitó la creación de una comisión especial para realizar un estudio más prolijo del Código75. Se había iniciado la renuncia de los diputados oligarcas de la Comisión de Legislación Social.

Finalmente, a mediados de noviembre de 1921, ante la inoperancia de la Comisión, Luis Correa Ramírez y Luis Emilio Recabarren renunciaron76.

En noviembre de 1921, de los once diputados que conformaron la Comisión, solo cuatro fueron federados: Labarca (PR), Pradenas (PD), Correa (PD) y Recabarren (POS), mientras que los siete restantes eran radicales de centroizquierda, liberal-democráticos unionistas, liberal unionistas y conservadores. Si lo observamos desde la óptica de las coaliciones políticas, de los once diputados, uno era socialista77, seis aliancistas78 y cuatro unionistas79.

En ese mes, Correa Ramírez renunció y emitió una carta señalando las razones de la dimisión, donde señaló que

Rechazando la renuncia, el diputado Ismael Edwards Matte propuso la constitución de una Comisión Mixta para “que estudie el proyecto de legislación social ya despachado por el Senado y pendiente de la consideración de esta Cámara y el proyecto de Código del Trabajo, que ha estado ocupando la atención de la Comisión que preside el Honorable señor Correa Ramírez”81. Por su parte, el diputado federado Ramón de la Vega afirmó lo mismo y votó en favor de la renuncia propuesta por su camarada de partido82. Casi la totalidad de los diputados presentes en la sesión votaron a favor. Votaron en contra Ismael Edwards Matte, Lisoni, Labarca y Rojas Mery.

En la sesión siguiente, los diputados federados Luis Víctor Cruz, Manuel Navarrete y Ramón de la Vega, junto al diputado radical Rojas Mery solicitaron la formación de una Comisión Especial que estudiara el pronto despacho del Código del Trabajo83. En una primera instancia, el diputado liberal unionista Edwards Matte firmó en favor de la iniciativa. Sin embargo, días más tarde retiró su apoyo84.

Lo sorprendente de todo es que Recabarren nunca se pronunció en la Comisión de Legislación Social por el proyecto de Código del Trabajo del gobierno. Al parecer, dejó con plena libertad de acción a los diputados federados del PD que realizaran las deliberaciones necesarias. ¿Qué explica esta ausencia en el debate legislativo del máximo dirigente socialista y sindical de la FOCh?

Como demuestro en otro artículo85, entre abril y noviembre de 1921, la participación de Luis Emilio Recabarren en la Comisión de Legislación Social se orientó a presionar al Congreso por la discusión de los proyectos laborales de la FOCh -Cámaras del Trabajo y Contrato de Socialización Industrial-. Al no ver cumplida sus expectativas de aprobación de estos, se retiró de la Comisión en noviembre de ese año.

La retirada de los diputados federados de la Comisión fue seguida por la renuncia de los diputados conservadores y aliancistas. Lisoni, Labarca, Herrera y Pradenas renunciaron a principios de diciembre86.

Finalmente, entre diciembre de 1921 y enero de 1922 se constituyó una Comisión Mixta de Legislación Social integrada por diputados y senadores que sometieron a evaluación los proyectos de legislación laboral de la Alianza Liberal y de la Unión Nacional, la cual no estuvo libre de renuncias87. El proceso de discusión en la Comisión y en las respectivas cámaras se prorrogó hasta el 5 de septiembre de 1924, cuando un grupo de oficiales del Ejército de Chile irrumpió en el Congreso Nacional exigiendo la aprobación inmediata de todas las leyes sociales pendientes.

Una curiosa propuesta: los diputados socialistas y su candidato para ocupar el cargo de Consejero de Estado

El 16 noviembre de 1921, la Cámara Baja debía votar el cargo de Consejero de Estado, y los diputados Luis V. Cruz y Luis E. Recabarren propusieron como candidato al socialista Carlos Alberto Martínez, miembro de la JEF de la FOCh y ex Presidente de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN). En la votación obtuvo dos votos, correspondientes a los de Recabarren y Cruz. Los socialistas confiaron en que sus camaradas demócratas “federados” votarían en favor de Martínez. Por el contrario, los demócratas votaron a su militante no federado, Manuel O’ Ryan88. Según la prensa socialista, si el PD hubiese votado en favor de Martínez, se habría demostrado que los demócratas ocupaban “el verdadero sitio que le corresponde frente a frente al capitalismo; no como ha sucedido hasta hoy, sirviendo -podríamos decir,- incondicionalmente a las clases burguesas”.

Resulta contradictorio cómo los socialistas denunciaron a los demócratas como servidores de las clases dominantes. Hemos observado que en su prensa los consideraron parte integral de la lucha de la FOCh contra el capitalismo. No obstante, hasta por lo menos mediados de 1922, el PD fue el puente y el canal de transmisión de la política de la Alianza Liberal en la FOCh89. El proyecto de ley del Código del Trabajo había sido elaborado por dicha coalición que los demócratas integraron hasta 192790.

Más sorprendente resulta aún que el POS, a través de la FOCh, haya querido postular a un dirigente sindical de sus filas a un cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Chile. Esta práctica social y política de la FOCh y el POS -más tarde Partido Comunista (PC)- permite evidenciar la existencia de una antinomia estratégica de cómo enfrentar el capitalismo en Chile.

En el presente artículo analicé la experiencia histórica de la FOCh con el proyecto de legislación social propuesto por el gobierno de la Alianza Liberal en el trienio de 1920-1922. El triunfo de Arturo Alessandri Palma en las elecciones presidenciales de 1920 abrió una situación política favorable a las reformas sociales. Esto fue aprovechado por los trabajadores organizados, en particular la FOCh. Como pude observar, la central sindical dio su apoyo -si bien con algunas críticas- al proyecto de Código del Trabajo de la Alianza Liberal. Su inclinación en favor del establecimiento de un sistema moderno de relaciones laborales que reconociera una serie de derechos democráticos de los trabajadores se vio potenciado por la presencia de diputados federados en la Cámara Baja. Con diputados de la FOCh (socialistas, demócratas y radicales) en el Congreso y un Presidente de la República que agitó la aplicación de una reforma social favorable a los trabajadores, la central sindical se llenó de esperanza de que sus demandas históricas serían resueltas por el Estado.

Respecto a este periodo histórico, el historiador Sergio Grez sostuvo que los trabajadores se encontraron con solo dos alternativas: mantener la autonomía sindical basada en un rechazo maximalista al establecimiento de un marco regulador del Estado; o sacrificar la autonomía social y política a cambio del escudo protector de los poderes públicos. Como pudo observar este historiador, los trabajadores organizados terminaron optando por la segunda opción91. No obstante, se debe analizar con mayor cuidado la elección por la segunda alternativa. La opción de la FOCh por un Código del Trabajo debe evaluarse según las circunstancias históricas. En Chile no existía una legislación social completa y consagrada, salvo leyes con vacíos legales y de deficiente aplicación desde 1906. Optar por una legislación laboral que reconociera las demandas laborales más acuciantes no implica necesariamente pérdida de autonomía para los trabajadores. Por el contrario, para la FOCh las leyes sociales fueron concebidas como una posibilidad real para negociar en mejores condiciones con la parte empresarial. El que años más tarde, entre 1924 y 1932, las leyes laborales terminaron siendo más una contención y amarre del movimiento sindical que un mecanismo para su expansión libre y soberana, constituye materia de otro artículo.