Este estudio analiza desde la teoría del Framing los marcos dominantes en la construcción del sentido discursivo de los mensajes presidenciales de Michelle Bachelet por una nueva Constitución Política del Estado, CPE, en Chile, durante su segundo período presidencial: 2014 al 2017. Desde este enfoque se analizan las estrategias discursivas con que se legitima la demanda de una nueva CPE y la necesidad de un proceso constituyente que se erija desde la institucionalidad vigente y sobre la base de un acuerdo político-nacional que fundamente una constitución pactada. En la argumentación discursiva se obvia el origen dictatorial y los fundamentos antidemocráticos de la actual Carta Magna, reforzando los principios del consenso democrático, que retrotraen los idearios fundantes del Gran Acuerdo Nacional con que se diseñó la transición a la democracia a fines de los 80.

En la presente década, el debate por una nueva constitución en Chile transitó desde su posicionamiento en la agenda pública y socio-política hasta su desperfilamiento, finalizado el segundo período presidencial de Michelle Bachelet (MB).

Esta deconstrucción de sentido en torno al debate constitucional llevó a preguntarnos: ¿con qué marcos discursivos el poder dominante ha ido deconstruyendo el sentido de la demanda ciudadana para una nueva constitución política del Estado, durante el último gobierno de MB, perpetuando el vacío de poder constituyente y anulando su ejercicio? Para ello, caracterizamos los marcos dominantes bajo los cuales MB abordó la demanda de una nueva Constitución, tanto en su programa de gobierno como en los cuatro mensajes presidenciales de su segundo mandato.

Con ese objetivo, se analizaron las estrategias discursivas con que la mandataria construyó su discurso desde un acuerdo nacional, obviando el origen dictatorial y antidemocrático de la actual carta magna, aprobada en 1980 durante el régimen de Augusto Pinochet. La retórica política de MB pretendía asumir la demanda por un debate constituyente que restituyera la soberanía ciudadana. Pero en el transcurso de su mandato, el sentido discursivo de sus mensajes fue deponiendo la demanda hasta invisibilizarla.

El discurso se asienta en la institucionalidad vigente, la misma que, paradójicamente, pretende desarticularse con una nueva constitución. En este “ejercicio republicano” el histórico vacío de poder constituyente que ha marcado la trayectoria republicana de Chile, define el debate por una octava constitución. Curiosamente, dos años después de este estudio, el estallido social de octubre de 2019 en Chile resitúa el mismo debate irresoluto: la demanda por una asamblea constituyente, enfrentado a un poder dominante y oligárquico que pretende mostrarse abierto al debate, pero desde la institucionalidad vigente, lo que representa una vez más el vacío de poder constituyente.

Una revisión a los procesos constituyentes en Chile devela la irresoluta tensión entre los poderes dominante y constituyente. La Historia Social Popular ha demostrado que, durante dos siglos, la clase dominante jamás ha admitido ningún ejercicio público del poder constituyente porque significaría su “muerte histórica” (Salazar, 2011, p.29).

La incongruencia entre el origen autoritario de la Carta Magna actual y su regencia post dictadura, la enfrenta a “un pueblo que, siendo fuente de su legitimidad, no la reconoce como propia” ( Bassa, 2015 , p.13). Pero esta disociación entre el poder constituyente, como ciudadanía soberana para “construir su voluntad deliberada y libremente expresada… es lo que no ha logrado plasmarse en un cuerpo constitucional tras cuatro décadas” (Salazar, 2011, p.27).

Las primeras voces por una nueva Constitución se elevaron en dictadura (1973-1989), aunque acotadamente. Treinta años después, el debate adquirió fuerza hasta instalarse en las agendas política y pública, pues la demanda por una educación pública, gratuita y de calidad no se conseguiría con reformas acotadas; era necesario un nuevo modelo de institucionalidad política que garantizara derechos fundamentales, que redefiniera el tipo de gobierno y la conformación de los poderes del Estado y sus competencias, así como los mecanismos de democracia directa y participativa ( Iriarte, 2015 ).

La iniciativa ciudadana “Marca tu Voto”, durante las elecciones de 2013, buscó registrar en la papeleta las siglas AC, en referencia a una Asamblea Constituyente. Dicho ejercicio cívico pretendía visibilizar un movimiento social, partidario de reformas constitucionales que tensionan a la clase política e impugnan el orden existente, promoviendo el debate público en torno a la AC como vía para contrarrestar el debilitamiento y fragmentación de la sociedad civil y la participación ciudadana (Garretón, 2007; Delamaza, 2017).

En este contexto, el citado proceso eleccionario se hizo cargo de la demanda por una nueva Constitución, introduciéndola en el debate público y político durante las campañas presidenciales de 2013. Incluso, la candidata y luego electa Presidenta Michelle Bachelet lo incorporó en su programa de Gobierno (2014-2017).

La introducción del debate público en la agenda mediática en torno a la reforma constitucional ( Soto, 2014 ) dio cuenta de la activa participación de actores políticos, empresariales y ciudadanos sobre las dinámicas que sustentarían la legitimidad de las reformas constitucionales e institucionales.

No obstante, Bachelet apostó por un proceso constituyente dentro de la institucionalidad vigente, tanto en su programa de gobierno como en sus cuatro mensajes. El 28 de abril de 2015, en cadena nacional 2 , MB anunció que en septiembre de 2016 daría “inicio al Proceso Constituyente… que deberá desembocar en una nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana que todos nos merecemos”. 3

(…) necesitamos una Nueva Constitución, la demanda ciudadana es clave y mi compromiso es firme (…) Llevaremos a cabo un proceso que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable (…) Y ello debe ocurrir en el contexto de un acuerdo político amplio, transparente y de cara al país que sostenga este proceso. 4

Dos meses después, la Presidente moderaba su discurso, distanciándose del compromiso de comenzar el proceso constituyente: “(…) es fundamental que expliquemos qué es una constitución, en qué nos afecta en el día a día y por qué es necesario cambiarla. Y luego de eso, cuando todo el mundo conozca de qué se trata (…) se iniciará unos meses después el proceso participativo y de diálogo” 5 .

En la mitad de su segundo gobierno, Bachelet anunció que el Congreso elegido el 2017 tendría la responsabilidad de escoger el mecanismo para cambiar la Constitución 6 ; es decir, el proceso debería ser asumido por el próximo gobierno, sepultando la posibilidad de un proceso constituyente.

La investigación en torno a los procesos constituyentes ha sido objeto de interés para diversos autores (Domedel & Peña y Lillo, 2008; Cañete, 2008 ; Paz, 2010 ; Jaramillo, 2013). Los trabajos académicos sobre procesos constituyentes analizan desde el Derecho Constitucional, la Historiografía Social y la Historiografía tradicional la cuestionada legitimidad de la Carta Magna chilena y la pertinencia de una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado ( Grez, 2009 ; Salazar, 2011; VV.AA., 2013 ; Soto, 2014 ; Correa, 2015 ). Fundamentalmente, porque la problemática de la Constitución vigente reside en el debate no resuelto en torno a su legitimidad, a la incongruencia entre su origen autoritario y su regencia post dictadura, avalada por 30 años de gobiernos democráticos desde 1990, lo que la enfrenta a “un pueblo que (…) no la reconoce como propia” ( Bassa, 2015 , p.13).

Esta disociación entre el ‘poder constituyente’ es lo que no ha logrado plasmarse en un cuerpo constitucional (Salazar, 2011, p.27), a pesar de las reformas que los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría han incorporado; y que lleva a cuestionar los marcos discursivos con que se deconstruye la demanda y el vacío de poder constituyente. Para dilucidar la interrogante resulta pertinente situarse desde la construcción de marcos y realidades discursivas.

El concepto de marco interpretativo –frame o encuadre- tiene un importante rol en la comprensión de procesos sociales que contemplan la organización social de la experiencia, las actitudes y juicios de valor que se derivan de dicha construcción personal o colectiva y que se expresa a través de la complejidad discursiva. Resulta fundamental destacar el trabajo de Goffman (2006) sobre la teoría del frame que ha tenido un impacto importante en enfoques interdisciplinarios sobre la construcción social de sentido desde su concepción de dispositivo esquemático de organización de la experiencia personal a partir de categorías socialmente compartidas.

En el estudio de los movimientos sociales, el concepto frame se asocia a una dimensión del trabajo de las organizaciones comprometidas en la acción colectiva y que ha sido objeto de una progresiva teorización desde 1990. En este sentido, la sociología de los movimientos sociales ha dado tanta importancia al marco interpretativo que implica un frame, en tanto forma de organizar la realidad social como al proceso mediante el cual dichos marcos de interpretación se producen y se reproducen a través de diversos medios al interior de las colectividades.

La construcción de marcos interpretativos no es sólo el resultado de una capacidad de acción sobre la esfera pública sino también una capacidad de alineamiento interno de las organizaciones comprometidas en el movimiento social (Benford & Snow, 1988, 2000).

El proceso de framing se ha vuelto fundamental para comprender el proceso de encuadre semántico que involucra todo proyecto de acción colectiva organizada (Benford & Snow, 1988, 2000; Cefaï, 2001 ). Un encuadre dirige la atención hacia ciertos rasgos o características, ignorando otros. Dependiendo del enfoque desde donde se estudia el framing (Aruguete & Zunino, 2011), el encuadre es un proceso de transmisión de sentido capaz de generar marcos que produzcan, al mismo tiempo que limiten, el significado otorgado a los temas, proporcionando diferentes lecturas para entender la realidad ( Koziner, 2013 ).

En este contexto, la teoría de los marcos se ha aplicado prolíficamente a los discursos políticos, proporcionando categorías analíticas que, como marcos referenciales, orientan la comprensión de las realidades socio-políticas y culturales, interpretando y debatiendo sobre diversos tópicos y objetos de estudio. También resulta pertinente mencionar los trabajos en el mundo anglosajón en relación al discurso político presidencial, enmarcados en la rhetorical presidency (Tulis,1987), cuya investigación se ha centrado en los cambios estilísticos en la retórica presidencial, su evolución a un discurso más conversacional o el impacto de éstos en la opinión pública, destacando los trabajos de Beasley (2004 ), Zarefsky (2004 ), Medhurst (2006), Vaughn y Villalobos (2006 ), Stuckey (2010 ), Montgomery, Rogol y Kingsland (2019 ).

Desde la realidad latinoamericana, García (2006 ), Chihu (2012 ), Segovia (2012 ), Cissel (2012 ), Urra y Olave (2015 ), Ardévol-Abreu (2015 ), Echeverría (2017 ) y Durán (2017 ), entre otros; han contribuido transdisciplinariamente al análisis de la construcción discursiva en la creación y reconstrucción de realidades en el marco del discurso político, entendiendo que es en y en torno a los discursos donde se producen y reproducen las relaciones de poder y las ideologías que, finalmente, actúan como una brújula del accionar de las personas (Van Dijk, 2012). Parafraseando a Van Dijk, si la política constituye una de las esferas sociales, cuyas prácticas son exclusivamente discursivas, la importancia de este estudio radica en el contexto de las relaciones que se dan entre las cogniciones y discursos políticos, donde con mayor claridad se trabaja retóricamente la inclusión de unos y la exclusión de otros, polarizando el relato para ubicar qué valores y atributos se asocian a uno u a otro.

Las ideologías cumplen un rol específico en la definición de sistemas políticos, organizaciones, movimientos, prácticas y cogniciones, ya sea promulgándolas o reproduciéndolas en el discurso. En estos relatos las ideologías subyacentes se expresan para dar énfasis a –“ciertas cosas”-, restándoselo a otras; una estrategia que puede articular todos los planos del discurso ( Van Dijk, 2005 , p. 45).

Si, además, consideramos que los recursos cognitivos para la deconstrucción de los discursos dominantes, generalmente no están al alcance de aquellos sectores históricamente discriminados (Chilton & Schäffner, 2000; Bourdieu, 2008), esta asimetría contribuirá a legitimar y naturalizar un discurso que perpetúa la desigualdad y hegemonía socio-cultural, erigida desde los modelos mentales, imaginarios e ideologías que orientan la acción social ( Pardo, 2012a ), consolidando prácticas antidemocráticas e inequidad sociocultural y política ( Cegarra, 2012 ).

Entendiendo que los marcos contribuyen a la construcción de realidades, autores como Chihu (2012 ) y Ardévol-Abreu (2015 ) proponen un enfoque interdisciplinario para el estudio de los actores sociales como productores de una política de significación, aplicando la teoría del framing al análisis de los procesos políticos, sociales y culturales desde tres procedimientos: delimitación del estudio, ubicación de la arena política y finalmente, el encuadre (framing). En el discurso público, los actores de la comunicación se involucran en un ejercicio de significación sobre las controversias políticas y sociales sin escatimar esfuerzos para que sus ideas y concepciones predominen sobre las de los demás actores con el objetivo de lograr legitimidad, credibilidad e imponer su postura persuasivamente.

Aplicamos una metodología cualitativa hermenéutica para caracterizar comparativamente los marcos en los mensajes presidenciales de Michelle Bachelet en el debate del proceso constituyente. Entendemos los mensajes presidenciales como discurso público y político, en el contexto de la comunicación que rinde anualmente el o la Presidenta de la República de turno ante el Congreso pleno y toda la nación, a través de los medios de comunicación.

El corpus estuvo formado por el programa de gobierno de MB (2013) y los cuatro mensajes presidenciales de las cuentas públicas desde 2014 a 2017. Este corte temporal permitió contrastar el contenido de su programa de Gobierno con los mensajes presidenciales para establecer el desarrollo, modificación, postergación e invisibilización de los compromisos asumidos por MB ante la ciudadanía sobre el proceso constituyente, luego de la elección presidencial.

La cuenta anual de la Presidenta ante el Congreso, representa una instancia oficial e institucional, que desde 2014 ha generado expectativas ciudadanas ante los anuncios presidenciales sobre el cronograma y mecanismos del futuro proceso constituyente con miras a la redacción de una nueva Constitución Política del Estado de Chile. En ese sentido, el discurso político por definición es estratégico, enmascara contradicciones, despliega un juego táctico-retórico a partir de la selección y lineamientos semánticos para lograr sus objetivos. Quien lo emite, protagoniza, encarna, expresa públicamente un compromiso, asumiendo una posición (Chihu, 2010).

En síntesis, conceptualizamos el discurso político, desde la perspectiva del framing como un conjunto de textos que abordan una coyuntura respecto de un problema político. El análisis de ese contexto es lo que Chihu denomina arena política. “Desde ese lugar se visualiza el problema, a los actores y a la audiencia, cobrando vida las controversias y conflictos políticos” (2010, pp. 25-26).

Sociopolíticamente, el frame proporciona una metodología para abordar el análisis comparativo del discurso político con la finalidad de deconstruir aquellas construcciones de sentido que contribuyen a legitimar y naturalizar imaginarios e ideologías, orientando la acción social desde el discurso político (Pardo, 2012b). Para lograr nuestro objetivo, se diseñó una matriz de análisis desde la teoría del Framing (Tejerina & Ibarra, 1998; Tarrow, 1999 ; Goffmann, 2006; Snow & Benford, 2006; Chihu 2006, 2008, 2010, 2012; Echeverría, 2017 ), que permitió registrar las huellas discursivas que definen el contexto político en torno a una problemática (proceso constituyente por una nueva Constitución); identificar las estrategias discursivas con que el discurso apela a un consenso o articulación social; establecer el (la) o los (las) protagonistas y antagonistas en relación a la problemática que permita determinar los marcos dominantes con que el discurso presidencial define un diagnóstico y pronóstico (soluciones) (ver Tabla 1).

El análisis de la construcción de sentido y estrategias discursivas desde la teoría del framing al programa de gobierno y los cuatro mensajes presidenciales de MB nos permitió identificar, caracterizar y contrastar los marcos dominantes sobre los cuales se argumenta la legitimación de la demanda por una nueva CPE, pero desde un proceso constituyente articulado en la institucionalidad vigente. Es decir, desde la misma carta fundamental que se pretende cambiar, obviando su origen espurio y antidemocrático (Salazar, 2011; Atria, Salgado & Wilenmann, 2017).

El encuadre que define la arena política es el “nuevo contexto socio-político que vive el país” y que servirá de telón de fondo para los cuatro mensajes presidenciales de MB entre 2014-2017. En los cinco discursos, la descripción del contexto político no menciona antagonistas. Todo lo contrario, prevalece el consenso, los acuerdos, obviando visiones partidarias y/o ideológicas.

Tanto el programa de gobierno como los cuatro mensajes refuerzan el concepto del “Gran Acuerdo Nacional” que emerge del mandato ciudadano sin fisuras y que demanda una nueva Constitución Política del Estado. Se trata de un discurso político que se caracteriza, en sus cinco versiones, por negar por omisión la memoria histórica de Chile en el período dictatorial, obviando el cuestionado origen de la Constitución vigente. El gran marco al que retrotrae el discurso, como norte, para legitimar, instalar y concretar la demanda de una nueva Constitución Política del Estado para Chile es el Gran Acuerdo Nacional y que será el eje de este discurso político durante todo el período presidencial de Bachelet.

La definición de la arena política tanto en su plan de Gobierno como en todos sus mensajes hasta el final de su mandato, enmarca el escenario socio político como un “nuevo ciclo histórico”, en un “país maduro política y económicamente”, que está “ante los procesos transformadores más grandes de la historia” y que se debe a un “mandato ciudadano para construir una sociedad más igualitaria, cohesionada en paz” 7 .

Los discursos refuerzan el argumento implícito de que el país ha transitado desde la minoría de edad a la mayoría, un diagnóstico paternalista y que perpetúa la subordinación y delegación del poder político de la ciudadanía al poder dominante. En el Mensaje Presidencial de 2016, la Presidenta anuncia que será el Congreso del próximo gobierno el que deberá establecer el mecanismo para elaborar una nueva Constitución Política del Estado; es decir, un Congreso Constituyente. Nuevamente, quienes tienen el monopolio del poder político y económico decidirán qué transformaciones realizarán al poder político, cuándo y cómo.

“Este país maduro” según el marco dominante en que se sitúa el contexto político, cultural y social “enfrenta hoy (…) la necesidad imperiosa de una nueva Constitución” para “resolver sus desigualdades sociales y políticas”. El discurso en sus distintas versiones explica el origen de la problemática constitucional sobre la base jurídica de la misma, y que es lo que definitivamente genera desconfianza y “no promueve el pluralismo” 8 .

En ningún apartado se establece una relación entre la demanda por una CPE con la necesidad de legitimar la estructura del poder político desde un principio democrático. Tampoco hay alusión a la crisis institucional del Estado, la política 9 ni a la relación directamente proporcional entre la actual CPE y la neutralización del poder democrático, así como a la protección del modelo neoliberal por ella impuesta.

La estrategia argumentativa construye sentido apelando a la articulación social en torno a universos discursivos que convoquen voluntades en torno a la demanda social. Se plantea “la demanda histórica” desde “un discurso compartido por la sociedad civil, actores sociales y organizaciones sociales” 10 de los más diversos ámbitos. Para reforzar este marco de demanda histórica colectiva se apela a elementos argumentativos y retóricos como que la nueva CPE representa un “reto”, “un imperativo” 11 que requiere “un buen gobierno, una buena política y una buena economía” 12 .

En esta estrategia para aunar adhesiones, que sume más que reste, el discurso político pone el acento en el orden social, reforzando la idea de que la nueva CPE garantizará “la seguridad y estabilidad política a todos los sectores” 13 . En esta estrategia persuasiva, el discurso recalca que el proceso constituyente garantizará el orden social y político, la institucionalidad vigente para desterrar cualquier incertidumbre o fantasma de inestabilidad política que pudiera retrotraernos a crisis políticas de antaño. Por lo tanto, los marcos dominantes de la nueva institucionalidad se levantan desde los marcos de orden establecidos en la Constitución vigente.

Desde ese encuadre, el discurso se torna inclusivo y consensual a todo el espectro político (oposición y sectores dominantes), pues la “transformación se llevará con confianza en las instituciones, con un papel activo de la sociedad, participación social y diálogo político” 14 . El esfuerzo retórico pretende llevar a la audiencia a un solo universo discursivo para “responder a soluciones que la mayoría demanda” 15 enfatizando valores universales, transversales a toda opción partidista, “el centro de la nueva Carta Magna serán los derechos humanos, democracia y la buena política”, avalado por “un proceso con sentido de largo plazo, gradualidad y gobernabilidad, orden social, tranquilidad social, acuerdos de cara a la ciudadanía, gobierno de los ciudadanos” 16 .

Constantemente se enmarca el proceso político sobre la base de los grandes acuerdos, propio del discurso de la transición a la democracia que marcó la política chilena desde la década de los noventa. Lo que no sincera este discurso es que “las decisiones fruto de grandes acuerdos, son decisiones neutralizadas, incapaces de introducir transformaciones significativas. El mensaje subyacente es que no se despertarán mayores controversias entre los poderes fácticos” (Atria, 2013).

Los cambios surgen de los corazones y voluntades ciudadanas, aspiración de un país más justo, pujante, bueno; con el derecho a revisar y modificar la Constitución… Chile debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar origen a la Nueva Constitución, en la que confluyan las tradiciones constitucionales liberal, democrática y social y que sea fruto de un auténtico consenso constitucional 17 .

Este marco valórico republicano se declara y garantiza en el programa de Gobierno de Michelle Bachelet de 2013, valores que se proyectarán en los cuatro mensajes presidenciales, aun cuando se va diluyendo el compromiso presidencial de liderar el proceso que dé una nueva Constitución al país.

Los marcos dominantes potencian el concepto de una democracia representativa que queda sujeta a las directrices presidencialistas y a la tutoría de los poderes políticos y del Estado. Estos son los encuadres que instala Bachelet durante su campaña de Gobierno y que reforzará durante los cuatro años de gestión, especialmente en la Cuenta Pública de 2014 y 2015, previos a las consultas y cabildos ciudadanos de 2016.

Desde 2016, los marcos dominantes que posicionan a los verdaderos protagonistas de la nueva arena política refuerzan el legado de la Concertación de Partidos por la Democracia, luego, Nueva Mayoría. Se destaca que, como coalición política, trabajaron por “un nuevo rostro para Chile”. Son presentados como los artífices, protagonistas, actores políticos y responsables del Chile maduro, del momento histórico y privilegiado en que se encuentra el país. El énfasis está en el rédito político.

El discurso reconoce la existencia de asuntos pendientes, no resueltos en términos políticos y sociales, pero los justifica porque “no se pudo hacer más, no se tenía la capacidad para hacer las reformas” 18 , aludiendo implícitamente a la falta de mayoría en el parlamento en períodos anteriores, donde el antagonista es la oposición, la derecha representada por la Alianza por Chile. Para potenciar el rol que ha jugado esta coalición en este nuevo período, el discurso político de MB hace un mea culpa colectivo, asumiendo “que el sistema político no ha atendido las demandas ciudadanas” 19 , pero deslinda sutilmente esa responsabilidad a la oposición.

A pesar de este antagonista, la nueva coyuntura socio-política de la “Nueva Mayoría” (coalición que de centro-izquierda que incorpora al Partido Comunista) abre un momento único para resolver las “demandas ciudadanas” y liderar este proceso, como un héroe protagonista que asumirá el liderazgo en esta nueva etapa republicana. En este escenario, se “erige el mandato ciudadano de darle un nuevo rostro a Chile, una democracia moderna a un país que está maduro, sensato. Es un imperativo al gobierno para poner manos a la obra y concretizar los cambios” 20 .

Los marcos de articulación social no cambian en el último período del gobierno de MB: se repiten los mismos conceptos de “demanda ciudadana”, “transformaciones que se realizarán con estabilidad, orden institucional”21. El discurso convoca a sumarse a la Nueva Democracia, construida esta vez con todos los actores sociales y políticos.

En este escenario debiera surgir la nueva CPE, fruto de un gran consenso de un “país maduro, sensato”. El discurso de MB se compromete a que la nueva Carta Fundamental recogerá “el legado republicano” que, se subentiende, la actual no tiene. La nueva CPE nacerá “con una nueva democracia, participativa y diversa”. Los tres marcos dominantes desde donde comprender y significar el sentido y trascendencia de una nueva Constitución.

Los marcos con que se sitúa el pronóstico se circunscriben a la participación ciudadana en el proceso constituyente y para demostrar su carácter interactivo e inclusivo, se destacan las “consultas a pueblos indígenas” -no necesariamente vinculantes- que permitirán dar un nuevo espíritu participativo a la nueva CPE. A pesar de estos anuncios, es evidente el desperfilamiento de la demanda por una nueva Constitución, la imposición del concepto “proceso constituyente presidencialista” -a pesar de la intrínseca contradicción que implica este tópico- que en el último período de Bachelet se minimiza en la agenda política de su Gobierno hasta desaparecer del último Mensaje Presidencial.

Finalmente, el ejercicio comparativo permite identificar marcos dominantes heredados de la dictadura: el gran Acuerdo Nacional, en que se enmarca el debate sobre proceso constituyente versus los marcos asentados en una concepción de democracia representativa, tutelada, que pretende ser participativa e inclusiva en el discurso político de MB sobre el proceso constituyente.

El análisis de los discursos de MB que conforman el corpus de la presente investigación revelan dos momentos: el primero construye sentido en torno a la demanda ciudadana y, el segundo, deconstruye y vacía de sentido al poder constituyente, neutralizándolo. Es decir, manipula la saliencia de ciertos atributos como el cambio constitucional, pero ignora otros, como es la soberanía ciudadana. Discursivamente se reproducen las históricas relaciones de poder, de dominación y subordinación, a través de la neutralización del poder político, enmarcando desde ese lugar el accionar ciudadano.

El primero abarca los dos primeros años de gobierno (2014-2015). El discurso enmarca la nueva constitución en la “legitimación social y política” que descansa en el “mandato ciudadano” que exige “construir una sociedad más democrática, igualitaria, cohesionada y en paz”. La retórica política apela al “reto ciudadano” que ha exhortado al poder institucionalizado desde las movilizaciones del 2011, obviando incluso demandas pendientes desde el inicio de la transición: “El momento histórico y de transformaciones políticas” que vive el país permite atender la demanda por una nueva Carta Magna porque “estamos ante un país maduro” y “estable económica, política, social y culturalmente”.

Desde ese marco, el poder dominante, que ostenta el monopolio de las decisiones políticas y económicas, en el contexto de una democracia representativa, tutelada, accede a darle su cuota de soberanía a la ciudadanía. En ese contexto, el Gobierno está comprometido con una nueva Constitución, con los cambios democráticos, pero “en un contexto dialogable, de gobernabilidad y perdurabilidad” con miras a “modernizar la democracia y el Estado”.

Los cuatro mensajes presidenciales continúan la línea del programa de Gobierno, reforzando una visión hegemónica partidista, democrática, desde el consenso: la “Democracia de los Acuerdos”, pactada; el modelo de la transición que perdura y que ha sido cuestionado por el estadillo social que experimenta Chile desde octubre de 2019.

Por defecto, los cuatro discursos, incluido el programa de Gobierno, omiten y morigeran el carácter antidemocrático de la Constitución actual, su origen ilegítimo y dictatorial. Con ello eluden el problema político de fondo de la institucionalidad chilena: la ciudadanía soberana está regida por una Constitución que no la representa. En ese marco de neutralización política, los discursos no posicionan a la ciudadanía como actor-protagonista y soberano de las decisiones políticas, sino como receptores pasivos de las decisiones que el poder político decidirá en su momento respecto de los mecanismos para resolver la nueva carta magna.

En un segundo momento (2016-2017), se visualiza la deconstrucción del poder constituyente. El mensaje presidencial 2016 enmarca el proceso constituyente dentro de la institucionalidad vigente, abriendo este proceso a la ciudadanía a través de diálogos, cabildos, no vinculantes, lo que la relega a un papel tutelado, guiado en los procesos de las transformaciones políticas. La ciudadanía soberana se desdibuja, neutraliza y se despoja de la toma de decisiones.

En esta estrategia dilatoria, el discurso realza la figura política de la Nueva Mayoría como “gran artífice” de las transformaciones políticas, siendo la “eliminación del sistema binominal” el recurso argumentativo fundamental. Finalmente, el último mensaje presidencial sepultará el cambio constitucional cuando anuncia que será el próximo congreso –elegido el 2017- quien resuelva una nueva constitución.

Los anuncios para la formación de una convención constituyente y la difusión del proceso constituyente indígena que se realizó el 2016, nunca llegaron a puerto. El compromiso del poder político con una nueva Carta Magna desapareció de los discursos políticos, hasta que la explosión social del 18 de octubre de 2019, la repuso en la agenda pública. En ambas coyunturas, el discurso del poder dominante, de las elites política y económica, comparte el mismo marco dominante como pronóstico:22 un Proceso Constituyente avalado por participación ciudadana, pero vacío de poder constituyente y contenido. Es el modelo de Constitución Pactada.

El Ejecutivo, en alianza con las coaliciones partidistas, comparte su filiación al poder dominante, un discurso paternalista, rector, guardián de la democracia y los valores republicanos, que se compromete ante la ciudadanía a velar por el resguardo del orden constituyente, la estabilidad económica, política, democrática. En ambos casos, el poder político da su anuencia para iniciar este proceso, perpetuando la neutralización política del pueblo soberano. El ideario que sustenta el “consenso institucional” propuesto por el Gobierno, en representación de la élite y poderes fácticos, apela a rescatar “las tradiciones constitucionales liberales” con lo que da una señal de seguridad a los poderes económico, políticos “para garantizar la continuidad del legado democrático y social”.

Este marco de Constitución pactada, de consensos constitucionales, representa la deconstrucción del sentido de soberanía, de poder constituyente, de la anulación de su gobierno, la neutralización de sus decisiones y disolución de conflictos y tensiones. Sin duda, el discurso político, especialmente el presidencial, ofrece un gran potencial analítico, pues éste representa un espacio enunciativo que suelen ostentar las élites, especialmente en contextos latinoamericanos.

Por ende, el levantamiento de nuevas estrategias metodológicas, como las que ofrece el análisis de los marcos o frame permite analizar dimensiones poco exploradas en perspectivas teóricas como la rhetorical presidency que asume a priori un determinado contexto ( Stuckey, 2010 ) de una realidad muy particular como la estadounidense que resulta insuficiente para explorar y comprender otras coyunturas políticas como las de América Latina.