El presente trabajo tiene por objetivo investigar si el más reciente giro a la izquierda en Argentina puede ser considerado una coyuntura crítica; entendida aquí como un período de cambio significativo, capaz de perpetuarse en el tiempo y en el espacio. En ese sentido, se fundamenta un análisis institucionalista-histórico, bajo el método de process-tracing, en que se propone delinear las condiciones permisivas, productivas y reproductivas de la elección de Néstor Kirchner en 2003. Así que se concluye que ese período de cambio argentino no se resume a factores puramente nacionales, pero sí se relaciona con una subjetividad personalista mucho más complexa que perdura hasta hoy.

Desde fines de los años ‘90 hasta mediados de la primera década del 2000, América Latina pasó por significativos cambios en la conducción política de varios de sus países. Con la involución de los presupuestos neoliberales y el consecuente fracaso de los estímulos al crecimiento financiados por organizaciones norteamericanas, a fines del siglo XX, el calentamiento de urgencias populares por una agenda de orden social hizo que una buena parte del continente pasase por un giro a la izquierda que cambió significativamente las prioridades gubernamentales en estas naciones. En todos los países envueltos en este cambio —a saber, Venezuela (1998), Chile (2000), Brasil (2002), Argentina (2003), Uruguay (2005), Bolivia (2005), Nicaragua (2006) y Ecuador (2007)— las medidas adoptadas por los gobiernos de izquierda lograron éxito en reducir la desigualdad, sea por aumento de los gastos con programas sociales, sea por políticas dirigidas a la reorganización del mercado de trabajo.

En este sentido, el objetivo de este trabajo es comprender si, de hecho, la promoción del gobierno kirchnerista a comienzos del siglo XXI puede considerarse una coyuntura crítica. Este concepto, a su vez, hace parte del movimiento de investigación llamado “institucionalismo histórico”, que presta especial atención a las asimetrías de poder asociadas al funcionamiento y al desenvolvimiento de las instituciones políticas en los diferentes países, defendiendo una causalidad social dependiente de su trayectoria histórica. Así que se propone un cuadro analítico dividido en tres etapas: primero se determinan las condiciones permisivas para el giro a la izquierda; después se investigan las condiciones productivas, resultado de un momento previo de inestabilidad y que han convergido hasta una ocurrencia de naturaleza específica y, por fin, se establecen los mecanismos de reproducción, o las condiciones que permitieron la continuidad histórica de su legado.

Además de esa introducción, el artículo está estructurado en seis secciones principales. En la primera se presenta la metodología utilizada y se sitúa el concepto de coyuntura crítica dentro del institucionalismo histórico. En la segunda, se presentan las condiciones permisivas al giro a la izquierda en Argentina. Enseguida, se abordan las condiciones productivas del giro a la izquierda y luego las condiciones de reproducción del kirchnerismo. En la quinta sección, el personalismo político es conceptuado como razón de continuidad de los movimientos manifestados en la figura de Perón y Kirchner. Por último, en las consideraciones finales se discuten los enfrentamientos actuales en Argentina, sosteniendo la idea de que hay una trayectoria histórica que perpetúa esos personalismos en el imaginario y en la historia argentina.

Según Sven Steinmo (2008 ), institucionalismo es un abordaje en la cual se presta especial atención al papel que juegan las instituciones en la estructuración del comportamiento. A diferencia de otros enfoques en las ciencias sociales, aquí se hace aún más importante analizar cuestiones empíricas del mundo real coordinadas a una orientación histórica, para establecer las causalidades que hacen posible la ocurrencia de cierto resultado. Siendo así, “historical institutionalists make visible and understandable the overarching contexts and interacting processes that shape and reshape states, politics, and public policymaking” (Skocpol & Pierson 2002, pp. 694).

Tres son los factores que justifican la utilización del análisis histórico para investigaciones científicas. En primer lugar, ocurrencias políticas en contextos históricos sugieren consecuencias directas para decisiones y ocurrencias subsecuentes. En segundo lugar, se considera que agentes sociopolíticos pueden aprender con la experiencia. Por último, las expectativas futuras serán moldadas por el pasado (Steinmo 2008, pp. 132). Eso sugiere una dependencia entre las cadenas de acontecimientos situados en la dimensión temporal, favoreciendo investigaciones que especifican secuencias causales y efectos combinados que refuerzan la recurrencia de padrones particulares en el futuro, además de remover ciertas opciones del menú de posibilidades políticas (Pierson & Skocpol, 2002).

En este sentido, los llamados procesos path dependent sintetizan la importancia mayoritaria que se debe prestar al orden en que ocurren los eventos históricos para que se desencadenen esos padrones particulares. Esa es la idea detrás del concepto de coyuntura crítica, según el cual la interacción de diferentes secuencias causales puede resultar en consecuencias específicas que se caracterizan por cambios significativos de ámbito político, económico y social (Capoccia & Kelemen, 2007).

Ruth Berins Collier y David Collier (1991) sostienen que el concepto de coyuntura crítica contiene tres elementos: la afirmación de que cambios significativos se produjeran en cada caso; el aserto de que este cambio tuvo lugar de distintas maneras en los diferentes casos, y la hipótesis explicativa sobre sus consecuencias. Por ende, para ser considerada coyuntura crítica, el momento de cambio debe resultar en legados que posibiliten la ruptura de los padrones previamente establecidos y ser capaz de instituir nuevos procesos de trayectoria dependiente.

Collier y Collier (1991) proponen los “bloques de construcción” que deben integrar la investigación, ellos son: (i) las condiciones antecedentes contra las cuales se evalúa la coyuntura crítica; (ii) la crisis (o clivaje) que emerge de las condiciones antecedentes y desencadena la coyuntura critica, y (iii) los mecanismos de reproducción que componen el legado del proceso. Análogamente, Soifer (2012 ) sugiere una distinción entre condiciones permisivas y condiciones productivas para constituir el cuadro analítico de coyunturas críticas. Las primeras señalan las circunstancias que marcan el aflojamiento de las restricciones al cambio y las segundas actúan dentro del contexto de esas condiciones permisivas para producir los enfrentamientos que posibilitan la transformación política.

Para profundizar el aspecto científico del artículo se utiliza el método process-tracing para constituir una explicación causal en torno de ocurrencias secuenciales y contiguas. En ese sentido, se presta especial atención a los procesos, secuencias y coyunturas de eventos para capturar los mecanismos en acción a través de un análisis que puede ser tanto deductiva cuanto inductiva (Bennett & Checkel, 2015). Asimismo, una investigación que utiliza el método process-tracing debe contemplar tres elementos esenciales: observación de procesos causales, descripción y secuencia (Silva & Cunha 2014). En ese marco, la principal cuestión que orienta el artículo es comprender si el giro a la izquierda en Argentina logró éxito en desencadenar una trayectoria de enfrentamiento al status quo con condiciones suficientes de perpetuarse en el tiempo y el espacio.

En un contexto de coyuntura crítica, las condiciones permisivas señalan un momento de inestabilidad del sistema en análisis. En ese sentido, esa sección trata de los acontecimientos previos que posibilitaron el cambio del status quo en Argentina, bajo el entendimiento que son necesarias condiciones adversas anteriores para que los agentes políticos, económicos y sociales logren movilizar las estructuras que viabilizan el giro a la izquierda.

Peronismo es un movimiento socio-político iniciado en mediados de los años 1940 que luego se convirtió en el más importante partido político argentino, constituyendo con la Unión Cívica Radical un sistema bipartidista que perduró por más de cinco décadas, pese a tres dictaduras militares. Dicho movimiento es intrínseco a la figura personalista de Juan Domingo Perón, coronel del Ejército que había actuado como Secretario de Trabajo y Previsión a lo largo del gobierno militar de Ramírez y Julián Farrell, y que ha entrado a la historia como el Presidente más alineado al movimiento sindical argentino.

Antes de Perón, Argentina estuvo caracterizada por la autoridad oligárquica, la economía de bienes primarios y la concepción europeísta de progreso positivista, que se interrumpió tras la eclosión de la Segunda Guerra Mundial ( Rodríguez, 2006 ). Ante el descrédito del sistema democrático liberal presidido por partidos tradicionales, una alianza militar nominada Grupo de Oficiales Unidos (GOU) tomó el poder en 1943 mediante un golpe de Estado, señalando el fin de la llamada ‘década infame’, conocida por ser un período de gran inestabilidad política y social, con fuerte persecución a los trabajadores organizados en sindicatos ( Bandeira de Mello, 2016).

Los esfuerzos del nuevo gobierno convergieron hasta la instauración de políticas de justicia social con foco en los trabajadores. Aún así, en 1943 Perón asume el Departamento Nacional de Trabajo y Bienestar y crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, división responsable por hacer de la actividad sindical una práctica política. Como secretario, el futuro Presidente logró atraer la CGT1 que, al contrario de la CGT2, conformada por la izquierda socialista, estuvo de acuerdo con la participación política y absorbió todas las organizaciones independientes compuestas por los nuevos trabajadores urbanos sin experiencia sindical que habían llegado a los centros urbanos en razón del fenómeno de éxodo rural de comienzos del siglo XX (Etulain 2005).

Las articulaciones entre Perón y sindicalistas resultan en una transformación del movimiento operario que llega a 1945 con una clase trabajadora casi totalmente peronista (Waldmann, 1986). El 17 de octubre de ese año ocurre la primera manifestación maciza de apoyo a Perón, lo que desencadena una crisis de desconfianza dentro de las Fuerzas Armadas y culmina en su prisión. Para Horowicz (1986) el 17 de octubre de 1945 puede ser considerado la data de nacimiento del peronismo y el momento cuando el Ejército decide que gobernar la sociedad argentina no debería ser una tarea militar.

Frente a las presiones populares y la fuerte actuación de su esposa Eva Perón como cabeza de articulación Perón es libertado y, ya en 1946, contribuye con la creación del Partido Laborista que más tarde sería disuelto para convertirse en el Partido Justicialista (PJ). Con casi la mitad de los sufragios válidos, el nuevo líder populista vence las elecciones presidenciales de ese mismo año e inicia un gobierno que perduraría por casi una década, sosteniendo una política caracterizada por intervención estatal en la esfera económica, nacionalización de la economía, sustitución de importaciones y reacomodación de la burguesía agraria para participar en la industrialización argentina ( Rodríguez, 2006 ).

Sin embargo, la herencia dejada por Perón no ha estado fundamentada en su obra socioeconómica estricta, pero sí en su figura carismática sostenida gracias a un fuerte personalismo político, capaz de establecer un movimiento policlasista que conciliaba trabajadores urbanos y rurales, burguesía nacional, militares e incluso la iglesia. Así, el peronismo como movimiento estuvo marcado por una postura nacionalista de orientación justicialista, centrada en la sociedad argentina.

Con el paso del tiempo y tras la muerte de Perón en 1974, el peronismo ganó aires más de partido que de movimiento. De hecho, hasta la segunda década del siglo XXI diversos discursos han coexistido en el interior del Partido Justicialista, señalando una carencia ideológica y ausencia de doctrina oficial del peronismo, lo que explica su carácter mediador en diferentes gobiernos (Laclau, 1979). En este sentido, mientras Perón ha entrado en la historia como el mayor Presidente populista argentino, otro líder personalista utilizó las profundas raíces peronistas de unión trabajadora para lograr una nueva conciliación de clases a comienzos de los años 2000. En 2003 Néstor Kirchner inauguró una coyuntura que luego se convertiría en el más nuevo movimiento de masas, capaz de cambiar la trayectoria en Argentina.

A mediados de diciembre de 1983, Argentina realizó su primera elección presidencial después de la transición democrática. El período dictatorial, establecido en 1976 bajo influencias norteamericanas, terminó delante de un macizo descrédito en razón de sus fracasos económicos, sociales y políticos. Se puede considerar que el rechazo al golpe militar fue el único responsable de gatillar una comunidad de metas democráticas, capaz de unir intereses de la clase política y los amplios sectores sociales ( Sidicaro, 2011 ).

En cierta medida, a principios de 1983 los partidos políticos ya habían resurgido revitalizados y una buena parte de la población se afilió a alguno de ellos en vista de prepararse para las elecciones. De hecho, “el Partido Justicialista ganó características más de partido que de movimiento y, sobre todo, hubo en la UCR un movimiento renovador —el Movimiento de Renovación y Cambio—, promovido desde 1972 por un grupo en el que destacaba Raúl Alfonsín” (Devoto y Fausto, 2004, p. 428).

La placa electoral del Partido Justicialista (PJ) indicó el candidato Ítalo Luder, figura política moderada vinculada al Senado, mientras que la Unión Cívica Radical (UCR) promovió a Alfonsín y su movimiento de renovación. A fines del ’83 se produjo la elección de Alfonsín, marcando la primera vez que el partido peronista perdía una elección presidencial totalmente libre. En razón del vacío dejado por Perón, “la heterogeneidad política que siempre lo había caracterizado (el Partido Justicialista) quedó oficialmente instalada” ( Sidicaro, 2011 , pp. 81).

Aunque la transición política bajo la figura de Raúl Alfonsín logró éxito al restablecer la democracia en el país, la transición económica, desde una política de mercado abierto impuesta por los Estados Unidos hasta una economía de estabilización, fracasó completamente. A mediados de los ‘80 el gobierno enfrentó una significativa crisis producto del endeudamiento del período dictatorial, así como por la contracción de la demanda mundial de productos primarios de exportación. Mientras que aumentaba la inversión de petrodólares en los países latinoamericanos, la crisis económica en el continente redujo la confianza de los principales mercados que importaban de Argentina, haciendo que las ventas del sector exportador colapsaran. La crisis hiperinflacionaria se impuso y el peso perdió un 606,7 % de su valor en 1984 (datos del World Bank Indicators, 2002).

En 1985 el gobierno anunció su política para hacer frente al problema, a través del llamado Plan Austral. Este consistía en un cambio de moneda oficial con congelamiento de precios y otras medidas contra el déficit fiscal. Los primeros resultados fueron positivos, señalando la retracción de la inflación al nivel del 74,5 % en 1987 (Devoto y Fausto, 2004). Sin embargo, con el fin del período de congelamiento, las tendencias inflacionarias inerciales crecieron junto con el desequilibrio fiscal y de nada sirvieron los esfuerzos de aumentar las tasas de interés para captar recursos externos. En 1989 “la crisis estructural del Estado, la especulación financiera de corto plazo, la fuga de capitales y la hiperinflación, llevaron el gobierno de Alfonsín a su término algunos meses antes del fin del mandato” (Devoto y Fausto, 2004, p. 441). Así, a principios de julio, el Presidente anunciaba la transferencia anticipada del Poder Ejecutivo al ganador de las elecciones, Carlos Menem.

En medio de la crisis hiperinflacionaria de fines de los ‘80, la figura del gobernador de la provincia argentina de La Rioja surgió como candidato del Partido Justicialista bajo la consigna de la “aurora de nuevos tiempos”. En efecto, Carlos Menem consiguió reunir fracciones diversas de la sociedad al prometer aumentos del salario real y un significativo cambio de estructura productiva, además del fin de la hiperinflación. Esa vuelta al discurso populista que bordeaba el antiguo peronismo, además del sustento de la candidatura por medio de un partido con profundas raíces laborales, garantizó su victoria en las elecciones de 1989 frente a un macizo descrédito de la UCR y, con la salida anticipada del Presidente Alfonsín, Menem asume la presidencia en 8 de julio del mismo año.

Mientras la devaluación corroía la capacidad de pagos del gobierno argentino, en el escenario externo un importante cambio de ideología estaba en curso. La crisis económica mundial de los años ‘70 puso fin al modelo desarrollista en los países emergentes, haciendo que las grandes potencias mundiales actuasen para expandir sus áreas de influencia. Como condiciones para la ayuda internacional, los órganos multilaterales —a ejemplo del Fondo Monetario Internacional (FMI)— impusieron a las naciones periféricas la implementación de políticas neoliberales, como apertura comercial, equilibrio fiscal, baja inflación y supresión de la actuación del Estado. Menem se convirtió en un ortodoxo seguidor del Consenso de Washington y “pese a ese cambio completo de programa, la casi totalidad de los dirigentes peronistas no expresó mayores disidencias, y así la fuerza política creada por Perón gobernó durante un decenio, cumpliendo el rol de aliado subalterno del capital financiero internacional” ( Sidicaro, 2011 , pp. 81).

Apelando al terrorismo de la argumentación, Menem consiguió aprobar iniciativas liberales. Con respecto a la hiperinflación heredada, la primera acción del gobierno fue la adopción del Plan Bonex que “se apropió de los depósitos a plazo fijo existentes en los bancos y los cambió por bonos a largo plazo, en dólares” (Devoto y Fausto, 2004, pp. 454). Sin embargo, el camino definitivo para el plan económico del Presidente solo fue recorrido a partir de la incorpotación del economista Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, a principios de 1991. En abril de ese mismo año fue anunciado el Plan de la Convertibilidad. En líneas generales, su instrumento básico fue la fijación de la paridad entre el peso argentino y el dólar estadunidense, además de la prohibición al Estado de emitir moneda excediendo sus reservas en dólares.

Aunque el FMI inicialmente condenó las directrices del plan, la eficacia del mismo al contener la inflación en sus períodos iniciales fue suficiente para que Argentina consiguiera el apoyo internacional en la conducción de dicho plan económico. En efecto, hasta la crisis mexicana de 1994, el PIB anual argentino se elevó un 9,1 % en tres años, la inflación cayó del 2077 % (1990) al 133 % (1991), se elevaron los salarios en el sector privado y, a medida que se forzaba una mayor competitividad empresarial, los avances tecnológicos fueron favorecidos (Devoto y Fausto, 2004). Sin embargo, la adopción del rótulo de política neoliberal para la Ley de la Convertibilidad pudo conducir a equívocos, ya que esa ley significó que la moneda argentina fuera fijada por el Estado y no por el mercado, en contra de las directrices iniciales del FMI.

Mientras Argentina lograba éxito en controlar la inflación, a fines de 1994 México entró en una profunda crisis económica de efectos continentales. El déficit de la balanza de pagos azteca había evidenciado la fragilidad del país frente a la captación de recursos externos y, en una oscura crisis de credibilidad, la fuga de capitales en América Latina no tuvo precedentes. Argentina experimentó, entonces, las consecuencias del déficit fiscal, de la recesión y del desempleo. Cuando al final de la década del ‘90 se percibió que la Convertibilidad perjudicaba la competencia trasandina, debido a la naturaleza primaria de exportación de su estructura productiva, la economía ya estaba congelada y el mercado internacional deteriorado.

Como expone Sidicaro (2011 , pp. 77), “el debilitamiento de las capacidades estatales generaba condiciones negativas para el adecuado gobierno de los múltiples problemas que conocía el país, y ese deterioro estatal se agravó con la implementación de las políticas neoliberales”. Sumado a eso, al final de su mandato, el gobierno de Carlos Menem fue ampliamente denunciado por corrupción, terminando su período con una enorme desaprobación. Los dos factores combinados fortalecieron la imagen de enfrentamiento del status quo que supuestamente representaba la UCR. Así, en 1999 el partido vuelve al poder presidencial con la elección de su candidato, Fernando de la Rúa.

Respecto de las condiciones productivas del giro a la izquierda en Argentina, el objetivo de esta sección es encontrar una conexión causal que permita un ordenamiento de los núcleos de instabilidad hasta la concreción del cambio. En ese sentido, las condiciones permisivas definidas anteriormente deben ahora estar suficientemente establecidas y coordenadas para posibilitar la ocurrencia de una coyuntura critica.

En diciembre de 2001, cuando la crisis económica alcanza su auge y las manifestaciones populares se rompen en todo el país, el Presidente electo Fernando de la Rúa decide renunciar. Su Vicepresidente había abandonado el puesto en octubre del año anterior y el Congreso fue entonces convocado para elegir un nuevo Mandatario hasta las elecciones de 2003. El 22 de diciembre de ese año, Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis, asume la Presidencia en medio a un colapso de gobernabilidad como consecuencia de conflictos al interior de los partidos políticos trasandinos. Producto de falta de apoyo político, Rodríguez Saá también renuncia a los pocos días y el 2 de enero de 2002, Eduardo Duhalde es elegido como nuevo jefe de Estado.

Las acciones iniciales de Duhalde se volvieron hacia la promoción de una gobernabilidad suficiente –aunque casi débil– que le permitiese conducir políticas dirigidas a la estabilización. En unión con el ex Presidente Raúl Alfonsín, sus partidos políticos y los sindicatos de trabajadores argentinos, Duhalde inició una importante discusión a nivel nacional que intentaba encontrar alternativas a la política de Convertibilidad. Como solución se anunciaron dos proyectos distintos que ya estaban siendo formulados a fines de 2001: por un lado, la alternativa dolarizadora que agradaba a los sectores internacionalistas, y por el otro, la opción devaluatoria defendida por los grupos más importantes del país (Basualdo, 2001).

Respecto de la primera opción (la salida dolarizadora), esta constituye un proyecto de política cuyo objetivo era hacer frente a las restricciones externas que el régimen convertible imponía al proceso de acumulación y reproducción del capital. En una idea concebida como la “fase superior” (Schorr 2001, pp. 11) de la Convertibilidad, esa alternativa ganó apoyo de sectores muy internacionalizados. En términos generales, el mayor beneficio de una eventual dolarización de la economía argentina para el capital extranjero sería la manutención del valor en dólares de sus activos fijos.

Por su parte, la salida devaluatoria fue elegida por los sectores más influyentes de la economía nacional. Con un discurso que defendía la reindustrialización y la intervención del Estado, los grandes exportadores argentinos calentaron una demanda casi paradójica, teniendo en cuenta que esos mismos actores resultaron favorecidos por la venta de sus empresas a capitales foráneos durante el período neoliberal. En ese sentido, la defensa de una postura nacionalista e industrialista indica, una vez más, la necesidad de nuevos espacios de acumulación y reproducción del capital activo detenido por la elite económica argentina. De hecho, la industrialización propuesta por esos sectores no tenía relación con el desarrollo de una estructura productiva compleja, ni con el fortalecimiento del mercado interno en Argentina, pero sí se trataba de la manutención de un perfil productivo sostenido por exportaciones, mayoritariamente de bienes primarios de poco valor agregado (Condé, 2003).

Finalmente, a mediados de 2002 Duhalde elige como plan de acción la devaluación de la moneda, paralelamente a la declaración de moratoria unilateral de la deuda externa. En efecto, aunque los números de ese año todavía mostraban un mal desempeño de la economía como un todo, la evolución trimestral fue significante. La contracción del PIB se redujo de un -16,3% en el primer trimestre a un -3,6% a fines de 2002, misma situación que experimentaron las inversiones y el consumo. Sin embargo, la inflación subió de un 7,9% en marzo a casi un 40% en el último trimestre. En ese sentido y como sugiere Maristella Svampa (2007 , pp. 57) “Kirchner se vio favorecido por una situación de crisis económico-financiera que le otorgó mayores márgenes de acción y que hábilmente supo capitalizar”.

La organización de las élites argentinas no puede ser dada como cierta, sino como una representación débil de la coyuntura económica de su país. Los principales representantes del sector, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), difícilmente presentan una unificación ideológica detrás de la cual grandes industriales y productores agrarios defienden sus intereses, y el vínculo con el gobierno muchas veces se da por medio de movilizaciones oscuras. Cuando analizamos su participación política en la conducción de gobernabilidad argentina, se torna visible que esa movilización es espasmódica y sigue las crisis, señalando auténtica falta de institucionalidad e inexistencia de normas claras que regulen las relaciones entre el poder económico y el poder político ( Donatello, 2015 ).

A lo largo del gobierno de Perón, la UIA manifestó una relación paradójica con el Presidente. Inicialmente la corporación se opuso al régimen, llegando a ser casi neutralizada con la creación de la Confederación General Económica en 1952. No obstante, la UIA recibió con benevolencia las leyes de protección y fomento a la industria aplicadas durante el gobierno peronista ( Rodríguez, 2006 ). A su vez, la SRA mantuvo una postura de oposición al peronismo en razón de la creación del Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio (IAPI), organismo que monopolizó la compra de la producción agropecuaria local y su venda al exterior, cuya renta financiaba el desarrollo industrial ( Etulain, 2005 ).

Mientras estaba en curso la redemocratización, los principales actores de la élite argentina mantuvieron una postura defensiva bajo coaliciones poco representativas. De un lado, los sectores populares y la burguesía urbana se defendieron a través de la Alianza Defensiva; por otro, la SRA y la burguesía internacionalizada se unieron al comienzo de la crisis hiperinflacionaria de la década del ‘80. Sin embargo, mientras Argentina se recuperaba en los primeros años del gobierno de Carlos Menen, las élites mantuvieron una actitud favorable a la internacionalización económica, hasta que las señales iniciales de la crisis de 2001 se mostraron preocupantes ( López, 2006).

De hecho, fue durante la recesión que la élite argentina mostró señales de descontento con las políticas neoliberales. Mientras las altas clases internacionalizadas se unieron en favor de la dolarización de la economía, las grandes élites nacionales —tanto del sector exportador como las ligadas al sector industrial— se aglutinaron alrededor de la salida devaluatoria, marcando un enfrentamiento de cuño ideológico (Basualdo, 2008). En medio de la repercusión de la influencia del capital externo en el período neoliberal, esa división representó la polarización de un discurso construido en Argentina para argentinos y de un discurso que adornaba el neoliberalismo. Solo tras la ascensión de Eduardo Duhalde a la Presidencia, en 2002, fue posible estructurar una movilización nacional entre partidos políticos, empresarios y sindicatos, capaz de garantizar la gobernabilidad necesaria a través de la implementación de medidas que fueron exitosas al acabar con la recesión producida por la Ley de Convertibilidad vía salida devaluatoria. En efecto, los problemas económicos ya estaban controlados y la pasividad de las élites imperaba nuevamente cuando Kirchner asume la presidencia, proponiendo medidas de cuño social. La administración kirchnerista procuró atraer liderazgos políticos y empresariales para su articulación, lo que promovió una suerte de satisfacción por parte de las élites con su elección y redujo fuertemente la formación de coaliciones en su primer período presidencial. En verdad, a comienzos de 2003 “casi la totalidad de quienes desde puestos dirigentes apoyaron a Menem, mutaron en entusiastas críticos del neoliberalismo” ( Sidicaro, 2011 ).

Como denominación genérica del movimiento ideológico creado y liderado por el militar y estadista Juan Domingo Perón, el peronismo es la principal corriente política en Argentina desde mediados del siglo XX. Institucionalizado en 1946, cuando la elección presidencial de su creador, el antiguo Movimiento Nacional Justicialista, creció hasta convertirse en el mayor partido político argentino que logró sustentar durante tres dictaduras militares una fuerte estructura política bipartidista con la Unión Cívica Radical.

En primer lugar, Perón era una figura militar que incorporaba conceptos como centralización, autoridad, obediencia y fidelidad, luego de la crisis de los gobiernos fascistas tras la Segunda Guerra Mundial. Sus concepciones militares fueron decisivas en la sustitución de las instituciones liberales y democráticas por un sistema jerárquico centralizador, que proponía una tercera vía entre capitalismo y comunismo. En ese sentido, pese al rechazo a las organizaciones liberales, el peronismo jamás fue revolucionario, una vez que consolidó el capitalismo argentino por vías de la industrialización. Asimismo, Perón confrontó tanto movimientos socialistas argentinos como líderes capitalistas mundiales para conformar un gobierno nacionalista periférico fundamentado en la conciliación de clases, característica que también lo distanciaba del fascismo europeo ( Rodríguez, 2006 ).

Con un significativo carácter de naturaleza populista, el proyecto de justicia social que fundamentó la ideología de Perón estuvo intrínsecamente conectado al movimiento de trabajadores argentinos y a las políticas sectoriales de apoyo económico de la clase laboral. En una concepción generalista, cuando se lee acerca de los ideales de la corriente política peronista, se señalan mayoritariamente las siguientes premisas: i) el peronismo es esencialmente popular y, como gobierno democrático, debe cumplir la voluntad del pueblo; ii) los propósitos peronistas son la justicia social y el bienestar social, y iii) su doctrina social, política y económica es el justicialismo ( Etulain, 2001 ). En verdad, su continuidad histórica es sustentada por una relación fuertemente emocional entre la figura de Perón y el pueblo argentino, sin una concepción ideológica que fundamente estrictamente la acción práctica.

Tras el fin del primer gobierno peronista, el Partido Justicialista comenzó a demostrar su capacidad de adaptación coyuntural, dejando la clasificación singular de movimiento para devenir en ‘un sistema político en sí mismo’ (Torre, 1999), convirtiéndose —al mismo tiempo— en oficialismo y oposición ( Svampa, 2007 ).

Como apunta Sidicaro (2011 , pp. 75), el partido peronista “transformado en los años 60 en un poderoso movimiento sociopolítico en el que coexistían distintos proyectos voluntaristas, hacia fines de los ‘90 se había convertido en una sociedad de partidos provinciales peronistas, sin horizontes ideológicos nacionales”. En este aspecto, el PJ manifestaba suficiente plasticidad para reunir diversas identidades políticas heterogéneas en todo territorio nacional y “siempre alguien que se decía peronista podía ser visto por otro como no siéndolo o como aprovechándose de sus ‘credenciales peronistas’ para hacer cosas poco acordes a lo que se esperaba de un ‘buen peronista’” ( Rogé, 2017 ).

En 1989 esa carencia peronista de horizontes ideológicos nacionales contribuyó a la elección de Carlos Menen, cuyo discurso como candidato planteaba la necesidad de volver a los programas industrialistas y de distribución de ingresos del antiguo proyecto justicialista. Con todo, ya como Presidente, el cambio ideológico menemista fue responsable de políticas de cuño neoliberal inducidas por el Consenso de Washington bajo directrices del FMI ( Sidicaro, 2011 ). Cuando estalló entonces la crisis recesiva de 2001, la desconfianza de la ciudanía en los partidos políticos se reflejó en el slogan: “que se vayan todos”, protesta colectiva en oposición a toda la clase política.

En este aspecto, la capacidad de mutabilidad coyuntural del discurso peronista es la principal óptica analítica bajo la cual podemos comprender la recuperación del crédito del Partido Justicialista después de la era menemista. Néstor Kirchner supo aprovechar la tradición discursiva peronista para proponer la construcción de un proyecto nacional común, integrador y superador de las formas tradicionales de hacer política y en los actos públicos se presentaba como uno más del pueblo, “buscando alejarse de los políticos tradicionales que, desde su perspectiva, no sabían escuchar las demandas populares” (Montero & Vincent, 2013, pp. 125). Además, Kirchner señalaba una postura categóricamente crítica a la dictadura al situarse como parte de la generación de jóvenes militantes “setentistas” (Montero & Vincent, 2013), postura que garantizó la simpatía de los sectores identificados como progresistas ( Sidicaro, 2011 ).

Pese a la exacerbación del nacional-popular vinculado a propuestas industrialistas y desarrollistas, las cuales recuperaban la figura de Perón, Kirchner dicho reiteradas veces que rechazaba el peronismo tradicional, en aquel tiempo asociado con el menemismo y el neoliberalismo, situándose como “peronista impuro” (Montero & Vincent, 2013). Como candidato prometía una mejora en la calidad de las instituciones y una posición contraria a los órganos multilaterales de supervisión y crédito, tras el fracaso del peronismo en los años noventa. En este sentido, “Kirchner hablaba con discurso de hereje, propio de quienes estando fuera de un campo proponen ganar posiciones en él, impugnando las deficiencias de quienes lo dominan” ( Sidicaro, 2011 , pp. 84).

En vísperas de las elecciones de 2003, Kirchner contaba con el apoyo de diferentes sectores sociales sin mayores contactos entre sí, que coincidían en su rechazo al peronismo de alineamiento neoliberal. Para disputar la corrida electoral, el oficialismo peronista abandonó la sigla PJ a fin de adoptar la de “Frente para la Victoria” (Montero & Vincent, 2013) y, sustentado por una base política transversal, Kirchner llegó a la segunda vuelta de las elecciones con el ex Presidente Carlos Menen. En razón del macizo descrédito de este último y de su probable derrota, Menem retira su candidatura y Kirchner es electo con solo el 22,4 % de los sufragios. Comenzaba ahí una nueva era en la política argentina, con bases para construir un peronismo kirchnerista que luego se convertiría en movimiento propio.

Conforme al concepto de “coyuntura crítica”, todavía es necesario analizar si el proceso de cambio discutido hasta ahora logró éxito en producir un legado en el tiempo y en el espacio, o sea, si hubo mecanismos de reproducción capaces de garantizar la continuidad de la nueva trayectoria en Argentina. En ese sentido, el gobierno de Néstor Kirchner adoptó políticas importantes en tres frentes: la económica, la laboral y la social.

Mientras los problemas de convertibilidad se controlaban y la crisis daba señales de acabarse, Kirchner asume el poder en mayo de 2003 con la misión de hacer crecer el país. Delante de un escenario externo favorable, los precios internacionales de productos básicos subieron y la capacidad ociosa de la economía abría oportunidades productivas sostenidas por incentivos domésticos. Sin embargo, la baja de salarios reales, el desempleo y la ascensión de la pobreza, aún preocupaban a diversos sectores de la población y presionaba la gobernabilidad.

Siguiendo el ejemplo de Eduardo Duhalde, el nuevo Presidente preservó los principales rasgos macroeconómicos de su precursor, aunque la devaluación del peso estaba ahora condicionada también a constantes entradas de capital promovidas por el Banco Central argentino a través del mantenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable, conocido TCRCE . En efecto, “esta política pretendió contribuir al proceso de sustitución de importaciones que había empezado después de la devaluación, pero también promocionar las exportaciones (especialmente aquellas de origen manufacturero) y acelerar el crecimiento de la economía” (Wylde 2012, p. 123).

Con enfoque keynesiano, la expansión monetaria y las bajas tasas de interés disponían de potencial para equilibrar demandas de trabajadores y capitalistas, aunque esa línea de acción traía consecuencias adversas para los salarios reales. Así como Perón, la intención era orientar la economía a un modelo productivo de sustitución de importación con énfasis en la recuperación de la industria nacional ( Svampa, 2007 ). Además, con el fortalecimiento de esta base de apoyo que involucraba sectores populares urbanos y de la élite industrial, aprovechó del escenario internacional favorable y se sostuvo en políticas dirigidas a la expansión de las subvenciones a los precios, al estímulo a la inversión pública y al crecimiento sin inflación.

De hecho, hasta el fin del primer gobierno de Néstor Kirchner, la recuperación económica era evidente. La política de devaluación del peso y el calentamiento del consumo —en respuesta a la valorización del trabajo— lograron éxito en reindustrializar la pauta productiva argentina, haciendo que grandes industriales apoyasen sus políticas contra la recesión. La inversión pública también generó el aliento que necesitaba la expansión de la actividad económica y fortaleció la creación de empleos, sobre todo en el sector de la construcción civil. Además, los actores agroexportadores se quedaron anestesiados debido al alza en los precios de exportaciones registrados en el período. En términos estadísticos, entre 2003 y 2012 la pobreza se redujo de un 49,4 % a un 19,9 %, y la economía creció a un promedio de un 8,6 % entre 2003 y 2011, con excepción de 2009, en razón de la crisis internacional ( Carlés, 2014 ).

Paralelamente, como consecuencia del fracaso de las políticas de combate contra la inflación en los años 80 y de la profunda recesión provocada por la convertibilidad en el gobierno de Menen —ambas realizadas bajo estricta supervisión del FMI—, la desconfianza ante la influencia de órganos multilaterales en Argentina hizo que el presidente Kirchner mantuviese una posición contraria a la ayuda internacional durante todo su gobierno. “Gracias al superávit fiscal, en 2005 el gobierno argentino decidió cancelar la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional, un total de 9.500 millones de dólares, que pese a constituir solo un 9 % de la deuda externa del país, ha tenido una repercusión muy positiva en la sociedad” ( Svampa, 2007 , pp. 43).

A estas alturas es necesario abordar la condición de organización laboral en Argentina tras el descenso del peronismo sindical. Y es que las últimas tres décadas del siglo XX fueron responsables de desestructurar el poder de organización operaria creado durante los primeros gobiernos peronistas, mediante el desarrollo del nuevo patrón de acumulación de capital que se basaba en la consolidación de un ejército industrial de reserva a la producción y en la flexibilización de contrataciones ( Svampa, 2007 ). En consecuencia, al consolidar una variedad de ‘sindicalismo empresario’ ( Svampa, 2011 ) las negociaciones laborales perdieron equivalencia entre las partes y mantuvieron una particular desigualdad entre capital y trabajo.

En este aspecto, aunque la retórica antineoliberal garantizó cierto apoyo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) a la administración kirchnerista, la clase trabajadora no se encontraba consolidada tras de una organización objetiva y el principal eslabón establecido con la clase laboral fue hecho con la Central General de Trabajadores (CGT) —una unión peronista— a través de la política laboral. Mientras que aquella representaba a los profesores organizados, la mitad de los trabajadores del Estado y algunos de las uniones industriales, la CGT cubría una buena parte de los empleados del sector privado y de las uniones del sector público no alineados a la CTA.

En ese aspecto, la conflictividad sindical a lo largo del ajuste neoliberal de Carlos Menen ha sido muy baja y siguió siendo en medio de la crisis de 2002. Sin embargo, “la crisis del sistema neoliberal y el posterior crecimiento económico abrieron un nuevo escenario, atravesado por fuertes reclamos sindicales” ( Svampa, 2007 ). De hecho, Kirchner utilizó la retórica antineoliberal para garantizar cierto apoyo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), pese a que, en analogía a Perón, su principal vínculo se hizo con la unión peronista Central General de los Trabajadores (CGT). Cuando Kirchner ocupa la Presidencia, su inclinación ayudó a impulsar las llamadas de huelga al estimular una “conciliación obligatoria”, llegando a declarar abiertamente que el conflicto industrial era el camino natural para que los trabajadores recuperasen salarios reales ( Etchemendy y Garay ,2011 ).

En paralelo, el gobierno de Kirchner procuró intervenir en la política de salarios por primera vez desde las reformas neoliberales de mediados de los años ‘90, tanto por decretos que estipulaban aumentos en los salarios nominales privados, cuanto por aumentos en el salario mínimo. No obstante, frente a la resistencia del sector empresarial, el Parlamento suspendió el tratamiento de esas medidas y, en general, hubo un aumento de la precariedad total a lo largo del gobierno. Paralelamente, la política laboral fue fundamental para la recuperación del poder de negociación de las uniones de trabajadores y “la consolidación del liderazgo de Kirchner contribuyó al realineamiento del espacio sindical peronista” ( Svampa, 2007 , pp. 51).

La política social durante el gobierno de Kirchner se basó en la expansión sustancial del Estado argentino y en la reproducción de los dispositivos peronistas de clientelismo afectivo. En efecto, “la crisis del 2001 otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, pues le permitió dar un enorme salto a partir de la masificación de los planes asistenciales y recomponer los históricos vínculos con los sectores populares” ( Svampa, 2007 , pp. 46). En este aspecto, las reformas más visibles incluyeron la creación de diferentes esquemas de empleo y la extensión de los subsidios a familias de bajos ingresos con crianzas, así como la nacionalización y el aumento de la cobertura del sistema de pensión ( Etchemendy y Garay ,2011 ).

Con carácter político declaradamente de izquierda, la administración kirchnerista fue responsable por proseguir las transferencias de ingreso para pobres y desempleados, bajo el sistema heredado del precedente gobierno de Eduardo Duhalde. El programa más importante en esa dirección ha sido, tal vez, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que cubría el 20 % de las casas argentinas en el momento que Kirchner tomó el poder, pero cuyas inscripciones cerraron en mayo de 2003. Después de la elección, su administración anunció un nuevo programa habitacional de emergencia que financió la construcción de habitaciones públicas en todo territorio argentino ( Etchemendy y Garay ,2011 ; Svampa, 2007 ).

Por fin, la segunda y tal vez mayor transformación promovida directamente por el gobierno de Kirchner se dio en el ámbito de la seguridad social. El sistema de pensiones argentino fue parcialmente privatizado en 1994 por el avance neoliberal y mostró significativos problemas técnicos que desgastaron su legitimidad, producto de sus bajas coberturas, particularmente después del año 2001. Sin embargo, a comienzos de 2004, la administración kirchnerista promovió una serie de cambios en el programa de seguridad que permitiría a los trabajadores elegir entre el sistema privado de capitalización y el sistema administrado por el Estado, haciendo del sistema de pensiones una red universal hasta fines de 2007 ( Etchemendy y Garay ,2011 ).

Juan Domingo Perón gobernó Argentina entre 1946 y 1955, y definió el proceso de reacomodación del capitalismo en el período de posguerra. La reproducción de su gobierno a lo largo de esos diez años se fundamentó en una política de intervención estatal con vista a la nacionalización de la economía, la sustitución de importaciones y la participación de la burguesía agraria en la industrialización del país. En su primer mandato, Perón hizo valer el saldo favorable del comercio exterior acumulado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, para financiar la nacionalización de ferrovías y empresas telefónicas, mientras promovía la actividad industrial. Paralelamente, determinó que las exportaciones agrarias deberían aportar capital al desarrollo de la industria nacional e implementó una política económica de carácter distributivo ( Rodríguez, 2006 ).

Cuando las reservas monetarias se agotaron a mediados de 1949, la economía presentó señales de paralización y la inflación comenzó a agravarse. Perón revisó entonces su política de gastos gubernamentales hasta que la crisis se controló en 1954. No obstante, el peronismo todavía no había logrado construir una base de sustentación sólida fuera del sector operario. En 1955 la oposición presidida por la UCR, la SRA y los grandes industriales de la UIA, articuló el golpe militar que puso fin a su gobierno. En efecto, aunque la economía se había estabilizado, “o esgotamento do projeto distributivo, o afastamento de alguns setores da coalizão original e o acionar das forças econômicas e militares da oposição, foram os elementos determinantes do processo de instabilidade política que culminou com o golpe militar de 1955” ( Rodríguez, 2006 , pp. 23).

Pese a la pérdida del gobierno argentino a mediados de los años ‘50, el primer ciclo peronista “deixou um legado de políticas sociais, trabalhistas e econômicas que até hoje o fazem lembrar como um legado para o movimento sindical na Argentina” ( Bandeira de Mello, 2006, pp. 10). De hecho, la continuidad del peronismo va más allá de su primer período presidencial. La herencia dejada por Perón en el imaginario popular argentino fue suficiente para la vuelta del Partido Justicialista tras el fin del régimen militar iniciado en 1966 y a su elección presidencial en 1973, cuyo mandato luego sería interrumpido por el fallecimiento del Presidente en 1974. Su vicepresidenta y segunda esposa, Isabel Martínez Perón, asumió entonces el cargo hasta el nuevo golpe militar producido en 1976. Era el fin del peronismo en calidad esencial de movimiento sociopolítico, pero era también el nacimiento de una larga tradición partidaria.

Más de medio siglo tras el primer gobierno peronista, el personalismo político fue nuevamente responsable de consagrar el nombre de un hombre en la historia argentina. El contexto de desarticulación del campo político que marcó la crisis de 2001 fue el terreno propicio para transformar el clientelismo afectivo de Néstor Kirchner en un movimiento que perdura por ya casi dos décadas. Una vez más, el líder se tornaba mayor que su gobierno, en medio a la inestabilidad gubernamental que lo precedía, siendo que “puede decirse que, en otras épocas, el líder se identificaba y resumía un programa, mientras que en el juego político desarticulado el líder es el programa” ( Sidicaro, 2011 , pp. 84).

Aunque Kirchner se decía lejos del peronismo tradicionalista, característico del gobierno menemista de los años ‘90, la población reconocía en el nuevo Presidente “la posibilidad de un retorno a las ‘fuentes históricas’ del justicialismo” ( Svampa, 2007 , pp. 47). De hecho, Kirchner se identificaba con la generación de jóvenes militantes “setentistas” y cuestionaba aspectos del peronismo tradicional —como por ejemplo, la “teoría del jefe”, las “tropas disciplinadas” y el “culto al individualismo”—, a la vez que “incluyó una especial ponderación del pluralismo (…) sin distanciarse explícitamente de la tradición peronista” (Montero & Vincent, 2013, pp. 133). Así, sus primeros meses en la presidencia demarcaron lo que se puede considerar un “peronismo kirchnerista”, apartado del tradicionalismo, pero todavía sin señalar una identidad propia.

Sin embargo, a lo largo del primer año como líder de la nación, su postura nacionalista, productivista y antiimperialista luego logró establecer “un modelo de gestión centralizado en su figura” (Montero & Vincent, 2013, pp. 131). De hecho, “Kirchner alcanzó muy rápido altos índices de popularidad, y al estar al frente de lo que cabe caracterizar como un ‘gobierno de líder sin partido’, pudo concitar las adhesiones de personas y grupos ajenos u hostiles al peronismo” ( Sidicaro, 2011 , pp. 86). El kirchnerismo luego se estableció con identidad propia y fundó un movimiento sustentado en el apoyo de grupos sin contactos orgánicos entre sí, como los organismos de defensa de derechos humanos, las organizaciones sociales de protesta, sectores del sindicalismo, las representaciones de empresarios, dirigentes de los partidos en crisis y los partidos peronistas provinciales ( Sidicaro, 2011 ).

Asimismo, las elecciones legislativas de 2005 representaron el triunfo del oficialismo, haciendo de Kirchner el líder definitivo dentro del PJ. Su popularidad fue celebrada el 25 de mayo de 2006 en la Plaza de Mayo, reuniendo aproximadamente a 300.000 personas, donde Kirchner afirmó no solo que esa plaza era “de los trabajadores”, de “Eva Perón” y de las “Madres de la Plaza de Mayo”, como también dijo que el dueño histórico del balcón de la Casa Rosada era Perón y Evita. Por supuesto, “de esa manera el kirchnerismo se apropiaba del peronismo, lo resignificaba y lo proyectaba de cara a la próxima campaña electoral” (Montero & Vincent, 2013, pp. 145).

El nacimiento del kirchnerismo puro también significó enfrentamientos propios del gobierno. Kirchner mantuvo a lo largo de todo su gobierno una posición vehementemente contraria a los organismos financieros internacionales y en diciembre de 2005 anunció la cancelación de la totalidad de la deuda con el FMI. La hostilidad también marcó la relación del gobierno con la Iglesia Católica, entidad adversa a la política oficial de derechos humanos y contraria a la aprobación de la ley de educación sexual —contraria también a la promulgación de la ley de divorcios, ocurrida en 1954, durante el gobierno de Perón—. Además, las restricciones a la exportación de carne marcaron el comienzo de la oposición del sector agrario al gobierno kirchnerista (Montero & Vincent, 2013).

Con vista a las elecciones de 2007, la estrategia del Presidente fue impulsar la candidatura a la Presidencia de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. En su discurso como candidata, Cristina reivindicó el modelo de acumulación y de inclusión social del gobierno kirchnerista y prometió mayor calidad institucional para profundizar el cambio inaugurado en 2003 (Montero & Vincent, 2013). De esta manera, “el kirchnerismo aparecía definido como la encarnación del cambio y la transformación, y como creador de un ‘modelo’ que se consolidaría durante la próxima presidencia” (Montero & Vincent, 2013, pp. 152). El 28 de octubre de 2007, Fernández de Kirchner obtuvo el 45 % de los sufragios y se impuso en la primera vuelta electoral.

Como Presidenta, el principal enfrentamiento de su gobierno se pasó con los sectores del agro tras el aumento de los impuestos a las exportaciones agrarias. En efecto, “al poco tiempo de iniciada la presidencia de Cristina, las protestas de los sectores empresariales del agro abrieron una nueva etapa de las relaciones políticas que incluyeron cambios significativos en los vínculos de sectores del peronismo con el gobierno kirchnerista” ( Sidicaro, 2011 , pp. 90). En este aspecto, dos factores fueron cruciales a la reelección de Cristina Kirchner en 2011: en primer lugar, la política de expansión de derechos que incluyó la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el matrimonio igualitario y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ( Carlés, 2014 ); en segundo lugar, y aún más importante, el fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010 fue determinante para inclinar a favor de Cristina una parte significativa de la opinión pública que hasta ese momento no la respaldaba ( Sidicaro, 2011 ). De hecho, Cristina logró reelegirse con “el mayor porcentaje que haya obtenido un Presidente argentino desde Juan Domingos Perón” ( Carlés, 2014 , pp. 6).

A lo largo del según mandato de Fernández, el fantasma de la crisis volvió a atemorizar Argentina. Frente a las altas tasas de inflación y a la creciente restricción externa de la economía, Cristina endureció su discurso y anunció la necesidad de realizar la ‘sintonía fina’ del modelo y optó por la expansión de los controles estatales para controlar la balanza comercial y la caída de reservas del Banco Central. Sin embargo, el equipo económico definió el control de precios como estrategia para atacar el problema inflacionario, mecanismo que ya había fracasado antes. Asimismo, el aumento en las tasas de violencia inflamó el discurso de la oposición defensora de la demagogia punitiva ( Carlés, 2014 ).

Las dificultades que crecían en la economía y la ausencia de candidatos del kirchnerismo a la sucesión fueron cruciales para el resultado de las elecciones presidenciales de 2015, cuando un candidato del centroderechista partido Propuesta Republicana (PRO) asumió el cargo con un discurso fundamentado en políticas neoliberales.

A lo largo de los últimos setenta años, el personalismo político logró constituirse como institución subjetiva en el imaginario argentino y estructuró la creación de movimientos de masa con capacidad de perpetuación atemporal. Juan Domingos Perón fue pionero en la creación de una corriente laboral unificada, capaz de coordinar la organización de trabajadores bajo ideales nacionalistas y desarrollistas, que luego se convertiría en un partido político suficientemente heterogéneo para abarcar los más divergentes sectores sociales e inmortalizar el nombre de su creador en la historia nacional. A su vez, Néstor Kirchner se sostuvo inicialmente en ese partido con la intención de reavivar el sentimiento nacionalista tras la crisis recesiva de 2001, en cuyas raíces se encuentran directrices neoliberales de los organismos financieros multilaterales. Sin embargo, caracterizándose como “peronista impuro”, Kirchner compuso su discurso progresista y elaboró un movimiento personalista propio, capaz de influenciar la dirección política en Argentina hasta el día de hoy, tras una década desde su fallecimiento.

Mientras la memoria de Perón está ahora arraigada al Partido Justicialista y disociada de ideales objetivos de izquierda o derecha, el personalismo kirchnerista se proyecta en un escenario de polarización observable en toda América Latina. El movimiento fundamentado en la imagen de Néstor Kirchner —y posteriormente de Cristina— no es partidario ni revolucionario. Néstor siempre se manifestó contra los modos tradicionales de hacer política en Argentina, aunque haya encontrado apoyo tras la conciliación de clases sin mayores enfrentamientos con las élites nacionales, al menos hasta la Presidencia de Cristina. De hecho, a fines de su mandato no hubo oligarquía vencida y, tal como el peronismo, “el kirchnerismo no había conseguido establecer una ‘leyenda de poder’ capaz de relatar una gesta o una lucha legitimadora de sus orígenes y acción de gobierno” ( Sidicaro, 2011 , pp. 93).

Sin embargo, si la continuidad de la estructura social de poder no caracteriza el cambio, la propia conformidad de un movimiento capaz de perpetuarse en el tiempo y espacio es lo que hace del peronismo y del kirchnerismo los protagonistas políticos más prominentes de la historia argentina. El personalismo logró establecer rasgos institucionales capaces de inmortalizar dos personalidades no en razón de las ideologías que definían sus prácticas presidenciales, sino por crear doctrina ellos mismos, mientras que sus triunfos económicos, laborales y sociales no han perdurado a lo largo de los años. Esa particularidad es precisamente lo que ayuda a explicar la reelección de Cristina Kirchner en 2011 y la influencia de su candidatura como vicepresidenta en el resultado de las elecciones en 2019. En efecto, no hubo éxitos económicos permanentes del gobierno de Cristina que las justifiquen, pero la relación sentimental con el personalismo que estructuró el movimiento kirchnerista ha sido suficiente para condenar, una vez más, el discurso neoliberal y abrir nuevamente camino a la doctrina nacional-desarrollista.

En este sentido, si el fracaso de las políticas neoliberales posibilitó la ascensión de un gobierno de izquierda, quizás las fallas de ese mismo gobierno puedan justificar la vuelta de la derecha en 2015. Macri, un empresario y dirigente deportivo argentino, fue elegido Presidente, en noviembre de ese año, sin ocultar su alineación neoliberal bajo la coalición Cambiemos. Del mismo modo como Carlos Menem recibió la nación en un cuadro hiperinflacionario casi irreparable, Macri asumió la presidencia bajo un escenario de alta inflación y déficit fiscal heredado del gobierno de Cristina Fernández. En este sentido, la orientación política de su gobierno se basó en la liberalización económica.

No obstante, las buenas expectativas se hundieron cuando la tensión en los mercados externos cerró los países centrales en una ola proteccionista. El aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, asociado al crecimiento del déficit en la balanza de pagos argentina, profundizó la salida de capitales. Con el corte de créditos al país, la devaluación del peso llegó a un 100 % de su valor en 2018, junto con una inflación superior al 47 %. La respuesta de Macri se basó en elevar la tasa de interés argentina a un 60 %, pero la evasión monetaria continuó. Con el riesgo-país en las alturas, la credibilidad destruida y la deuda en dólares creciendo, el Presidente apeló al Fondo Monetario Internacional, el cual prometió prestar más de 50 billones de dólares a Argentina en 2019. La prueba de continuidad de la coyuntura crítica kirchnerista aquí elaborada se hizo factual en los comicios de 2019. En un escenario de condiciones permisivas semejantes a aquellas que posibilitaron la elección de Néstor a comienzos del siglo, Cristina Kirchner fue capaz de propulsar la candidatura del progresista Alberto Fernández, colocándose ella misma como vicepresidenta, aún cuando enfrentaba acusaciones de corrupción, factor que podía obstaculizar sus aspiraciones presidenciales. En efecto, el 28 de octubre la población argentina corroboró su rechazo a las intenciones neoliberales que podrían llevar al país, una vez más, a una profunda recesión. Y es que aún cuando las condiciones productivas hayan cambiado y se estableciera un importante factor sociopolítico que encubría América Latina en nuevos enfrentamientos y polarizaciones, la prosperidad del discurso populista iniciado con Perón y renovado por Néstor Kirchner —un discurso hecho en Argentina para argentinos— evidencia la fuerza de las condiciones de reproducción del movimiento kirchnerista.

Ahí está la coyuntura crítica, una importante capacidad de cambio bajo la estructura adaptable del personalismo político, que es una condición tanto permisiva como productiva, y un mecanismo de reproducción del giro a la izquierda de 2003 con un dispositivo discursivo con resultados más subjetivos que prácticos, aunque se perciba empíricamente en la mudanza de orientación internacionalista a nacionalista, en el rechazo de las políticas socioeconómicas neoliberales y en la orientación progresista del gobierno de Kirchner. De hecho, el más importante triunfo tuvo lugar en el imaginario argentino, donde la persona se elevó arriba del personaje político y ha hecho del kirchnerismo un movimiento cuya perpetuación transciende tiempo y espacio.